Ampliación de la Vía España, en espera entre reclamos y cuestionamientos
El MOP avanza con los estudios para la ampliación de la vía, mientras ambientalistas denuncian posibles irregularidades. Además, advierten sobre las afectaciones a residentes de la zona, por lo que solicitan la suspensión del proyecto
La ampliación de Vía España, entre Vía Porras y la Avenida Cincuentenario, sigue a la espera de la aprobación del estudio de impacto ambiental, en medio de diferencias por la reubicación de comercios, indemnizaciones y la inquietud de residentes y propietarios de los predios afectados.
En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), señaló que aún no hay una fecha definida para el comienzo de los trabajos, ya que su ejecución está sujeta a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) por parte del Ministerio de Ambiente.
Donaldo Sousa, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental, denunció que “el proyecto se encuentra actualmente en evaluación al tratarse de un proyecto con un impacto ambiental, por lo que solicitamos que el Ministerio de Ambiente y el presidente suspendan el proyecto, ya que es declarado inviable”.
Sousa comentó que “en la zona hay más de 450 negocios que generan empleo para unas 20,000 personas”. Además, advirtió que “los edificios residenciales de entre 20 y 30 pisos podrían verse afectados por las dificultades de acceso a los estacionamientos y el aumento de la contaminación, debido a la cercanía del tráfico vehicular a sus estructuras”.
El abogado afirmó que, “basándonos en la opinión de expertos, la ampliación no resolverá la congestión vehicular, ya que la Vía España no es la ruta más congestionada de la ciudad y es superada por otras, como la Calle 50”.
Por su parte, Franklin Williams, empresario de la zona y miembro de la Alianza por el Comercio y el Empleo, dijo que “en la reunión que fue solicitada la semana pasada por los residentes, los comerciantes y todos los de la avenida, se sostuvo que el proyecto no tiene un estudio de impacto ambiental”. Además, señaló que “en estos momentos la entidad tiene denuncias interpuestas, amparos de garantía y una querella penal, por lo que no se debería proceder, porque cuando hay una querella penal vigente, todo proyecto se tiene que detener automáticamente hasta que se resuelva el estado de este”.
