Asociación Bancaria advierte de riesgos por ley sobre prescripción de deuda
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), mediante una nota de prensa, expresó su preocupación por los posibles efectos del Proyecto de Ley No. 388, que busca el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas. Según la gremial, la iniciativa podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país, más allá de cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
En el comunicado, la ABP destacó que el sistema de crédito en Panamá se sustenta en la confianza y en la cultura de pago responsable de la mayoría de los clientes bancarios. Esta práctica ha permitido mantener la morosidad en niveles estables y garantizar que el crédito siga siendo una herramienta para adquirir vivienda, emprender negocios o afrontar situaciones personales importantes.
Asimismo la asociación advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían incentivar que deudores eviten cumplir sus obligaciones hasta que sus deudas prescriban, eliminando así referencias negativas en su historial crediticio. En contraste, quienes buscan reestructurar y cumplir con sus deudas, a pesar de dificultades económicas, podrían ver reflejadas temporalmente estas situaciones en su historial, lo que, según la ABP, podría enviar señales injustas y debilitar la cultura de pago en el país.
Además, la entidad cuestionó la creación de una vía administrativa paralela para declarar la prescripción de deudas, que se sumaría al proceso judicial tradicional, generando potencialmente mayor complejidad, costos e incertidumbre.
La ABP alertó que un aumento en los riesgos del sistema de crédito podría derivar en condiciones más estrictas para otorgar préstamos, encareciendo el crédito y dificultando su acceso, especialmente para familias, emprendedores y pequeñas empresas.
Finalmente, reafirmó su compromiso con el acceso responsable al crédito, la estabilidad del sistema financiero y la disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica en el país.
