Contrato minero clave para la confianza e inversión
Representantes del sector privado aseguran que el país debe dar señales de confianza por lo que es fundamental sellar un acuerdo con Minera Panamá
Empresarios aseguran que “es urgente e imprescindible” que el Estado panameño y la empresa Minera Panamá firmen el nuevo contrato que garantizará la continuidad de las operaciones en la compañía en el país, ya que es importante que se respete la seguridad jurídica y transmitir confianza a los inversionistas.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, indicó que “es imprescindible que se llegue a un acuerdo. Panamá debe generar confianza para atraer inversiones. No deben darse soluciones radicales ya que las mismas afectarán a nuestro país”.
Zorel Morales, director Ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), señaló que “hay un tema de seguridad de las inversiones, esta es una de las más grandes que se ha hecho aquí en Panamá y todas las instituciones financieras tienen sus ojos puestos sobre la negociación de ese contrato, por el hecho de que eso indicará cómo Panamá trata las inversiones que se dan en el país”.
Elisa Suárez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) manifestó que “un tema que tenemos que entender es la seguridad jurídica en el país y las decisiones que tomamos cuando hablamos de inversiones y decisiones que toman los grupos de personas que traen dinero a Panamá. El contrato de la minera es una gran preocupación... yo tengo fe de que el 14 de diciembre va haber una definición, confío en que se lleguen a los acuerdos necesarios y se pueda firmar el contrato”.
En septiembre del 2021, el gobierno designó un equipo de alto nivel para negociar con la empresa Minera Panamá, S.A. un contrato nuevo, “que proteja y garantice los intereses nacionales”. Estas negociaciones culminaron en enero de este año, con acuerdos en los aspectos ambientales, laborales y fiscales. Sin embargo desde la fecha se trabaja en la redacción del acuerdo que debe ser llevado a la Asamblea. Recientemente el gobierno anunció que estableció una hoja de ruta para la conclusión de este asunto a más tardar el 14 de diciembre de 2022.
