La pandemia “no nos permitía esperar”, explicó el director de contrataciones públicas
21 de julio de 2020
De acuerdo a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la administración del presidente Laurentino Cortizo ha establecido precondiciones “con el objetivo de impedir la corrupción y garantizar la transparencia en estos procesos”.
Según Raphael Fuentes, jefe de la DGCP, la urgencia de la pandemia y la atención inmediata que necesitaban los ciudadanos afectados "no nos permitía esperar y por eso, para servir a los panameños, se tomó la decisión de contratar de forma directa".
Luego de que el 13 de marzo de 2020, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia se activó el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, introducido en 2017, con la finalidad de contratar directamente a cualquier empresa con capacidad de atender de forma inmediata a las necesidades.
El director manifestó que en el caso de este Gobierno se establecieron precondiciones y elementos para impedir la corrupción y garantizar la claridad en los procesos.
Entre esas precondiciones mencionó que "no se entregan anticipos a nadie"; además, todas las compras deben contar con la aprobación del Equipo Técnico de Salud y que se paga el mejor precio posible, por lo cual la Contraloría General de la República debe refrendar todos los pagos y garantizar, como instituciones de control, que estos sean justos.
"A pesar de que la propia Ley 22, a través de su artículo 79, te habilita a contratar directamente a las empresas, el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen en la mayoría de las contrataciones ha buscado cotizaciones de varias empresas", señaló Fuentes.
Dijo que otro punto importante es que, aunque la Ley 22 exime de las publicaciones de los contratos en el portal electrónico de contrataciones públicas Panamá Compra, el presidente Cortizo Cohen solicitó habilitar un acceso en el que se publique todo lo que se estuviese contratando a través del artículo 79.
Hasta el momento se han publicado 82 procesos de contrataciones por B/.150 millones.
"Es decir, el Gobierno Nacional, además de garantizar los criterios anticorrupción, y de blindar el proceso de compras, ha tomado la decisión de rendir cuentas de manera sistemática para aportar a la paz social del pueblo panameño y garantizar el respeto a sus derechos", sostuvo Fuentes.
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