La salida de lista de la UE impulsa la competitividad
Panamá fue incluida en la lista de la Unión Europea en febrero de 2020 y excluida en octubre de 2026, tras cumplir con una serie de requisitos técnicos
Tras el retiro de Panamá del Anexo I de la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales de la Unión Europea (UE), analistas, economistas y empresarios explicaron los alcances de esta decisión.
La medida implica la eliminación de las acciones defensivas que aplicaban los Estados miembros, tales como el escrutinio reforzado de transacciones e intervenciones fiscales y administrativas, lo que reduce costos y riesgos reputacionales para la inversión y la banca corresponsal, explicó el embajador de la UE en Panamá, Andrea Matteo Fontana.
“Es un reconocimiento importante al progreso significativo realizado por Panamá para fortalecer su marco fiscal. Es un buen ejemplo de cómo un diálogo constructivo y un compromiso compartido con los estándares internacionales pueden generar resultados concretos”, añadió el diplomático.
Panamá permanece ahora en el Anexo II, un apartado de carácter cooperativo y no sancionatorio. Esto significa que el país se ha comprometido a someterse a una revisión del Foro Global de la OCDE sobre intercambio de información, de la cual dependerá su exclusión definitiva una vez se confirme el cumplimiento pleno de los estándares.
Al respecto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) catalogó el hito como un avance significativo para la reputación del país, producto del trabajo conjunto entre el Ejecutivo, la diplomacia y el sector privado en la aprobación de la Ley 526 de Sustancia Económica. Proyectando el panorama nacional, su presidente, Alberto López Tom, enfatizó que “ahora debemos consolidarlo con transparencia, seguridad jurídica y cumplimiento de los compromisos pendientes”, mientras que el vicepresidente Eric Molino Ferrer y el directivo Hernando Abraham Carrasquilla coincidieron en que el reto definitivo será “convertir este avance en inversiones, empleos y desarrollo”, preservando el régimen territorial y demostrando una aplicación efectiva de las normas ante los organismos internacionales.
El abogado y analista Adolfo Linares se mostró crítico ante el anuncio al advertir que la Unión Europea “no sacó a Panamá de ninguna lista”, sino que “nos pasó de la lista negra a la lista gris”, debido a que la Ley de Sustancia Económica no fue suficiente y se exigen nuevos compromisos de transparencia. De cara al futuro, rechazó tajantemente la injerencia externa al sostener que “Europa, un continente en decadencia política, fiscal y social, no puede ser referente de buenas prácticas de nada” e hizo un llamado a defender la soberanía nacional sentenciando que “la soberanía es como la virginidad, se tiene o no se tiene”.
Para Ana Patricia Alfonso, aunque la decisión del bloque europeo representa una noticia positiva, el verdadero reto del país radicará en lograr que los avances internacionales se traduzcan en mejoras concretas para el bolsillo de la ciudadanía. De cara a los próximos años, subrayó que el principal desafío es “que estos avances no se queden únicamente en indicadores [...] sino que se traduzcan en mayor actividad económica, oportunidades de empleo y mejores ingresos para las familias”, concluyendo que Panamá debe recuperar la confianza externa, pero ante todo la interna, porque “la economía no solo tiene que mejorar en las cifras; también tiene que sentirse en el bolsillo de los panameños”.
El especialista Patricio Mosquera destacó la resolución como un hito de alto valor para la reputación internacional, definiéndola como “un activo económico que fortalece la confianza, facilita las relaciones financieras y mejora las condiciones para atraer inversión”. De cara al horizonte económico de Panamá, enfatizó que este avance permitirá elevar la posición externa del país, puesto que “una mayor inversión extranjera directa significa más capital para financiar nuevas actividades productivas, ampliar nuestra capacidad exportadora y generar empleo”.
El economista Roger Durán calificó el dictamen como un paso clave para la competitividad y la atracción de capitales, aunque advirtió que el desarrollo no será automático ni inmediato. Mirando hacia el futuro, enfatizó que la materialización de los beneficios “dependerá también de factores internos como la seguridad jurídica, la estabilidad económica, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el manejo del déficit fiscal y la deuda pública”, recordando además que al estar en el Anexo II “el principal desafío es consolidar estos avances y cumplir satisfactoriamente las evaluaciones internacionales para evitar retrocesos”.
