Remueven estructuras para ampliar la Vía España
Con la remoción de estructuras ubicadas en la servidumbre, estacionamientos ilegales y cortes de arboles, avanzan los trabajos para ejecutar el proyecto de ampliación de la Vía España, que se tiene previsto iniciar en el mes de septiembre.
La semana pasada, el ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, indicó que en “unos 60 días debemos estar iniciando ese proyecto”, lo que sugiere que la obra empezará el septiembre.
El titular del MOP explicó que, los trabajos de ampliación podrían durar aproximadamente dos años.
Andrade añadió que “se está conversando con los comerciantes y pequeños empresarios ubicados a lo largo de la vía para atender sus inquietudes”. Además, señaló que “el contrato del proyecto permanece en la Contraloría General de la República para su refrendo, mientras avanzan los trámites ambientales correspondientes”.
Destacó que “con la ampliación de la vía, el recorrido que actualmente toma entre una hora y media, y cuenta con más de 40 paradas, se reducirá a 40 minutos”. Agregó que “el objetivo es brindar mayor comodidad y agilizar el traslado de los usuarios del transporte público”.
Franklin Williams, empresario de la zona y miembro de la Alianza por el Comercio y el Empleo, dijo que “la situación genera incertidumbre entre los comerciantes, debido a la eliminación de estacionamientos y la reducción del acceso de los clientes a los negocios”.
Williams añadió que “más de 700 comercios podrían verse afectados” y advirtió que “el proyecto también podría reducir el valor de los edificios y apartamentos ubicados a lo largo de la Vía España”.
El empresario resaltó que “pedimos que evalúen el proyecto, ya que anteriormente se contemplaba un tren subterráneo, una opción que evitaría mayores afectaciones a los árboles, estructuras y comercios de la Vía España”.
Por su parte, el abogado Donaldo Sousa, señaló que “ampliar la vía a 40 metros afectará los estacionamientos de edificios con comercios y a unos 600 negocios que podrían verse impactados de forma considerable”. Sousa manifestó que ante esta situación interpusieron “una demanda y un amparo ante las autoridades para impedir el proyecto, ya que no se ha mantenido un proceso adecuado de impacto ambiental ni se ha informado a las personas sobre una posible indemnización”.
