Exponen fundamento técnico de la Ley de extinción de dominio

  • El Secretario General del Minseg, Jonathan Riggs

      El Ministerio de Seguridad Pública, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer y la Organización de Estados Americanos (OEA) realizaron este martes una presentación técnica del Proyecto de Ley 625, mediante el cual se adopta la legislación de Extinción de Dominio de bienes ilícitos en Panamá. 

      El director del Departamento contra el crimen transnacional y delincuencia organizada de la OEA, Gastón Shulmeister, señaló que “una Ley de Extinción de Dominio fomenta a través de la recuperación de activos de dudosa procedencia, la destrucción del músculo financiero de los criminales”.

      “Este marco legal está debidamente establecido en España, Uruguay, Colombia, Argentina, entre otros países, que combaten la delincuencia organizada transnacional a través de la persecución y confiscación de bienes cuya procedencia no se pueda justificar”, señaló.

      El experto aseguró que "la Ley de Extinción de Dominio es necesaria para establecer un marco regulatorio que permita socavar el músculo financiero de las organizaciones criminales y del narcotráfico”. 

      Shulmeister enfatizó que en la OEA, se discuten y proponen líneas de acción para contrarrestar y prevenir el lavado de dinero en el continente. 

      "Además de resolver el problema de aquellos bienes incautados indefinidamente, esta Ley representa un proceso ágil que permite la retribución a la sociedad en una forma útil", indicó.

      Por su parte, el Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, manifestó que “luego de varios intentos que no dieron resultados, en el año 2019, bajo el liderazgo del presidente Laurentino Cortizo, se estableció mediante una mesa técnica una base sobre la cual se logró consolidar un documento, que es el Proyecto #625, que propone la creación de la Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”.

      Riggs explicó que "buscamos, mediante una Ley de orden público y de interés social, fortalecer la persecución criminal, resarcir a la sociedad por los daños que sufra, y el financiamiento de programas para la prevención de la delincuencia y el fortalecimiento de instituciones de educación, desarrollo social, seguridad y deportes, entre otros".

      Este proyecto, precisó Riggs, no está escrito en piedra, "lo importante es fomentar el debate y que se le pueda dar a Panamá una Ley que con el lado económico y financiero de las organizaciones criminales y del narcotráfico".


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