Ambientalista presenta reporte de violaciones a derechos humanos ante la embajada de Canadá
La Red Nacional en Defensa del Agua, conformada por grupos sociales y ONG´S ambientalistas, presentaron a la Embajada de Canadá un reporte vulneraciones y violaciones a derechos humanos, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá, durante octubre y noviembre de 2023.
“El pueblo panameño ha dicho de manera reiterada que no aprueba el desarrollo de la minería metálica, que la biodiversidad y el agua son la riqueza más importante del país” dice Damaris Sánchez Samudio de Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) .
Delegados de FUNDICCEP, Red Nacional en Defensa del Agua, Guerreros del Mar, Ya es Ya, entre otros movimientos socioambientales, solicitaron a la diplomacia canadiense:
1. Activar el programa Voces en Riesgo para la protección a los derechos de los defensores ambientales, criminalizados y judicializados en Panamá a causa de las protestas contra la imposición del proyecto de la empresa Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.
2. Como país que se ha manifestado respetuoso de las políticas ambientales de los países y de las necesidades globales, que se pronuncie públicamente a favor del derecho humano a la protesta y no apoye la criminalización de los defensores ambientales.
3. Que se informen sobre los procesos de criminalización y judicialización a Defensores, participe en las audiencias que se realicen y recomiende a la empresa cese de emprender procesos de judicialización contra personas que han ejercido el libre derecho a la protesta.
4. Que se retire el apoyo económico, político y comercial a la empresa Minera Panamá por los graves daños cometidos contra la naturaleza, la violación a la constitución de Panamá y ejercer influencia para la criminalización de la protesta social en el país.
5. Que la embajada priorice los derechos humanos y de la naturaleza sobre los intereses de una empresa.
6. Que la embajada apoye al gobierno de Panamá en el cumplimiento del Fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 406.
En el documento presentado se registran cuatro muertes durante las manifestaciones, cientos de heridos, más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias, 23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales, personas que sufrieron agresiones y lesiones físicas; al igual que se documenta como se han establecido medidas punitivas y represalias contra grupos, como maestros y sindicalistas, que participaron en huelgas nacionales.
