Nacionales

Anuncian un diálogo para impulsar reforma educativa

El presidente José Raúl Mulino y la ministra Lucy Molinar han asegurado que la educación panameña necesita dar un giro importante hacia la modernización, que vaya acorde con el siglo XXI

20 de enero de 2026

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Jorge Bloise Iglesias, iniciará un proceso nacional de diálogo para la construcción de una nueva Ley Orgánica de Educación, que sustituya la normativa vigente desde 1946.

Este plan comenzará 23 de enero, con un acto inaugural en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, donde se instalarán las mesas de diálogo para la reforma educativa.

Bloise advirtió que la situación educativa del país es crítica. Citó datos como los resultados de PISA 2022, que revelan que 8 de cada 10 estudiantes panameños de 15 años no dominan matemáticas básicas; la brecha territorial, donde un niño nacido en una comarca indígena recibe en promedio cuatro años menos de escolaridad que uno de la capital; y la existencia de 220 escuelas con infraestructura precaria, además del aumento de la deserción escolar.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, subrayó que la educación es un tema nacional y señaló que su aspiración es dejar al país una ley moderna que garantice estabilidad educativa por al menos 50 años, reduzca la desigualdad entre educación pública y privada.

En la misma línea, la ministra de Educación, Lucy Molinar, afirmó que no se trata de una reforma parcial, sino de reconstruir integralmente el sistema educativo para adaptarlo al siglo XXI. “Vamos a hacer todo el sistema nuevo, todo nuevo”.

“No es cambiar una ley y quitar una coma a un punto, vamos a hacer todo el sistema nuevo, todo”, ministra Molinar
Participantes en el acto del 23 de enero en Parlatino

ml | En el acto inaugural participarán expertos internacionales como Andreas Schleicher y Tue Halgreen, de la OCDE; Javier González, director del laboratorio regional SUMMA; y las exministras de Educación María Victoria Angulo (Colombia) y Monserrat Creamer (Ecuador). El proceso contempla ocho sectores, entre ellos Meduca, gremios docentes, estudiantes, padres de familia, universidades públicas y privadas, organizaciones especializadas, la empresa privada a través del CoNEP y CONATO.

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