CCIAP urge al parlamento a aprobar medidas anticorrupción
EFE| La principal cúpula empresarial de Panamá urgió hoy al parlamento a aprobar distintos proyectos de ley, algunos de los cuales tienen meses engavetados, que permitirían a la Justicia prevenir la corrupción y responder efizcamente a casos como el de los sobornos de Odebrecht. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió a la Asamblea Nacional (AN-parlamento) en un comunicado un debate "de altura" sobre el proyecto 245 que busca incorporar al sistema inquisitivo mixto de justicia los mecanismos de negociación para lograr acuerdos de pena.
La reforma legal no solo ayudaría a reducir el hacinamiento carcelario sino a avanzar más rápido en las investigaciones por el caso de las coimas de Odebrecht, han dicho los defensores de la iniciativa, que ha generado todo un debate por temores a que alimente la impunidad. La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, ha dicho en distintas oportunidades que tal y como está conformado el sistema inquisitivo, la justicia local no puede responder a un caso como el de Odebrecht con la celeridad que han mostrado las autoridades de otros países, donde la constructora brasileña ha alcanzado acuerdos judiciales que incluyen el pago de millones de dólares.
Panamá rige a nivel nacional desde septiembre el nuevo sistema penal acusatorio (SPA), pero el antiguo sistema inquisitivo se sigue aplicando dependiendo de la fecha en que presuntamente se cometió el delito. La cámara empresarial ve "con preocupación que la mayor parte de las iniciativas enfocadas a fortalecer la transparencia y luchar contra la impunidad, se encuentran en manos de un Órgano Legislativo polarizado, que dilata el debate de proyectos" importantes como el 245 sobre "delación premiada", las reformas electorales y las modificaciones a la ley de contrataciones públicas. La gremial calificó como "inconcebible" que esta última iniciativa, que entre otras cosas busca bloquear la contratación de empresas que hayan sido condenadas local o internacionalmente por blanqueo de capitales o corrupción, continúe "engavetada" desde que el proyecto retornó al hemiciclo en junio pasado con objeciones del Ejecutivo.
Los empresarios también llamaron la atención de los diputados porque pronto quedará en sus manos aprobar el traslado de partidas que permitirá mayor presupuesto al Ministerio Público (MP-Fiscalía) para enfrentar la compleja investigación del caso Odebrecht, constructura brasileña que pagó al menos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países del mundo, según la justicia estadounidense. La empresa, que fue expulsada como miembro de la CCIAP tras destaparse el escándalo, pagó en Panamá 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, mientras gobernó Ricardo Martinelli, cuyos hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique son requeridos por la Fiscalía por supuestamente haber recibido sobornos. El MP formuló cargos a ellos y a otras 15 personas por el caso, aunque sin revelar oficialmente la lista de nombres, que fue filtrada a la prensa local.
A raíz del escándalo de las coimas de Odebrecht, en diciembre pasado el Gobierno panameño veto la participación de la constructora en nuevas licitaciones "hasta tanto demuestre una colaboración efectiva y eficaz en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, y se garantice el pago de las sumas que deberá restituir al Estado". La procuradora Porcell informó también de que la empresa se comprometió a pagar "los primeros 59 millones de dólares", pero ha sido enfática en que no hay un acuerdo formal para ello a causa de los impedimentos del sistema inquisitivo. La constructora brasileña, que ha dicho que culminará las importantes obras que adelanta en Panamá, acordó pagar multas que suman unos 2.047 millones de dólares a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza.
