Cuestionan falta de respuesta de la Defensoría del Pueblo
Diversos grupos sociales afirman que la institución no ejerce su rol de protección como deberían realizarlo
La falta de independencia y autonomía, la lentitud en los procesos, la incapacidad de respuesta y la ausencia de soluciones concretas son algunas de las principales deficiencias que, según representantes de distintos sectores sociales, presenta la Defensoría del Pueblo al momento de atender las problemáticas de los ciudadanos.
En este sentido, la socióloga Lollalty De Cuvillier afirmó que, “mi experiencia, es que están haciendo su trabajo, pero muy lento y de bajo impacto en la comunidad”.
La catedrática no los ha visto “pronunciarse en temas como la apertura de la mina y el impacto que tiene en la comunidad, el embalse de Río Indio, el nepotismo que afecta la gestión pública y el mejoramiento del acceso al agua potable en Azuero y otras regiones”.
Por su parte, Guillermo Cotes, representante gremial de los jubilados, señaló que: “Para mí la Defensoría del Pueblo es una entidad que no funciona, este organismo ha tenido una participación nula en los procesos de lucha y discusión de proyectos relacionados con la justicia social y la defensa de los derechos humanos”. Según Cotes, los adultos mayores han acudido a la institución en busca de respaldo, sin obtener respuestas satisfactorias.
Diputados hablan
Los diputados Betserai Richards y José Pérez Barbonie se han pronunciado a través de sus redes sociales sobre la institución; el caso más reciente fue sobre las condiciones del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde denunciaron deficiencias en la atención de salud, e hicieron un llamado de atención a la nueva defensora, Ángela Russo.
Richars señaló que: “La defensora del Pueblo ya lleva varias quincenas cobradas y ¿Dónde está? venga a trabajar, salga de su oficina y fiscalice lo que le está pasando a todos los pacientes, no solamente el complejo, sino a nivel nacional. Ya usted no es magistrada, le toca salir a la calle y fiscalizar”.
Proteger los derechos humanos y constitucionales de todas las personas frente a abusos o actos arbitrarios del Estado.
Revisar que las entidades públicas y los servicios públicos cumplan con su deber hacia toda la ciudadanía.
Recibir y analizar denuncias ciudadanas de forma gratuita, sin importar la nacionalidad o condición de la persona.
Fomentar el diálogo pacífico y emitir recomendaciones o exhortaciones a las autoridades para resolver problemas.