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Fiscalía Anticorrupción aprehende a dirigentes sindicales por presunto peculado

25 de junio de 2026

En un operativo conjunto denominado “Operación SEDU”, la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, con apoyo de su brazo auxiliar de la Policía Nacional, ubicó y aprehendió este jueves a dos dirigentes sindicales requeridos en una investigación por el delito Contra la Administración Pública en su modalidad de peculado.

Según el informe oficial del Ministerio Público, las diligencias de allanamiento y registro, previamente autorizadas por un Juez de Garantías, se desarrollaron en las provincias de Panamá Oeste y Panamá, donde la Fiscalía ubicó indicios relacionados con hechos cometidos en el periodo 2019-2023.

Esta investigación penal inició tras un informe de auditoría que reflejó irregularidades en el uso de fondos estatales asignados a la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), los cuales provienen del 5% del seguro educativo que se descuenta a los trabajadores del sector público y privado; en sus actos de investigación, la Fiscalía determinó que dichos recursos no fueron utilizados para promover la educación sindical ni para reparar escuelas, sino para otros fines no previstos en la ley, ocasionando una lesión patrimonial al Estado calculada en B/. 750,951.50.

Medios locales confirmaron que los ciudadanos bajo custodia son Marco Andrade, actual secretario general de CONUSI, y Genaro López, exsecretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), quienes ahora se encuentran a disposición de las autoridades judiciales mientras la Procuraduría reitera su compromiso con la transparencia y la protección de los recursos del Estado.

Por su parte, la respuesta de los sectores obreros no se hizo esperar y rechazaron de forma categórica la acción judicial, calificándola como una represalia política; desde el Suntracs argumentaron que la persecución arrecia luego de que Andrade participara en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar violaciones a los derechos humanos, mientras que el propio Andrade manifestó el miércoles 24 de junio en su cuenta de X que la confederación asume el costo actual de sus luchas contra la minería, los embalses, y a favor de la libertad sindical y la democracia en el país.

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