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Gobierno de Mulino hará públicas las actas de consejos de gabinete efectuados desde 2014

09 de julio de 2024

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución No. 61-24, “que dicta el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gabinete y se dictan otras Disposiciones”, la cual sentará bases para que sean públicas todas las actas de los consejos de gabinete, incluyendo las efectuadas durante las administraciones 2014-2019 y 2019-2024.

Esta decisión del gabinete del Presidente José Raúl Mulino deja sin efecto lo establecido por la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021. Aquella resolución declaraba como de acceso restringido las “actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República”.

De igual forma, el gabinete acordó presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 12-24, “Por la cual se Aprueba el Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional”, adoptado en Nueva York, el 19 de junio de 2023.

Por otro lado, mediante la Resolución de Gabinete No. 63-24, se autorizó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha a presentar este proyecto ante el Órgano Legislativo.

Durante el desarrollo del consejo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó detalles preliminares sobre la situación fiscal del país y el gasto público.

En tanto el mandatario Mulino ordenó informar al Ministerio Público sobre cualquier anomalía o irregularidad detectada en cada una de las instituciones del Estado. “Esto no significa persecución política, sino apego a la ley y continuar con la gestión avanzando a pasos firme para terminar obras”, sustentó el mandatario.

De igual forma, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, rindió un informe sobre la situación del proyecto de carretera Quebrada Ancha - María Chiquita, en la provincia de Colón, actualmente paralizado, y cuyo futuro depende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

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