Las jubilaciones de la Corte enfrentan un amplio rechazo
El Acuerdo No. 407 fue aprobado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2024, entró en vigor el 1 de enero de 2025, pero fue publicado en la Gaceta Oficial 30340 C del viernes 8 de agosto
Expresidentes, grupos políticos, exdirectores de la Caja de Seguro Social (CSS), economistas, jubilados y miembros de la sociedad civil consultados rechazaron la creación de un fondo de compensación por retiro, que otorga el 100% del último salario a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y porcentajes menores para jueces de tribunales inferiores.
El acuerdo 407, además establece jubilaciones para otros miembros del Órgano Judicial, que se aplicarán de la siguiente forma: 60% para magistrados de tribunales superiores, 50% para jueces de circuito y 40% para jueces municipales.
Guillermo Cortés, vocero de los jubilados, califica de “sinvergüenzura” las aspiraciones. “Pretender llevarse una jubilación especial del 100% de 14 mil balboas de salario, yo lo califico de una simple sinvergüenzura. Tengo más de 10 años diciendo que las leyes especiales deben ser eliminadas”.
El exsubdirector de la CSS, Francisco Bustamante, aclaró que el aumento, tal como está propuesto en el acuerdo, impacta directamente en el presupuesto de la Nación, no en el IVM. “Los honorables magistrados ‘crean’ una partida y disponen de un financiamiento que no está asignado. Esto último se puede hacer, usualmente, mediante transferencias de partidas aprobadas por la Comisión de Presupuesto”, detalla el financista.
Por su parte, el exviceministro de Salud, Carlos Abadía, calificó de ilegal el documento e hizo un llamado para crear un frente y evitar la puesta en marcha de la norma. “Este acuerdo es incoherente cuando toda la población está rechazando el beneficio que tiene la policía, en ese aspecto. Entonces, esto es una carga al país que no se puede permitir y nos oponemos por eso. Es ilegal e inmoral”, sostuvo.
Movimiento Otro Camino (MOCA) y la bancada Seguimos también se pronunciaron rechazando el acuerdo.
La bancada, conformada por los diputados Grace Hernández, Ernesto Cedeño, José Pérez Barboni y Betserai Richards, considera que el documento usurpa parte de las funciones de la Asamblea Nacional. “Este acuerdo genera una carga y presión fiscal sobre el presupuesto general del Estado”.
Mientras que MOCA afirma que la medida es abiertamente inconstitucional. “La Constitución no admite ‘interpretaciones creativas’ para justificar fueros ni privilegios vedados”.
