Ley que propone la cadena perpetua es inconstitucional, afirman abogados
Algunos juristas ven en la propuesta inconvenientes de viabilidad y sus implicaciones éticas, sociales y constitucionales
El proyecto de ley que propone establecer la cadena perpetua en el sistema penal panameño es cuestionado por algunos abogados, quienes coinciden en que la propuesta viola artículos de la Constitución Nacional.
Para el abogado constitucionalista Carlos Bichet Nicoletti, la cadena perpetua contraría el artículo 28 de nuestra Constitución, que establece que “el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y de defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos”, en conjunto con el segundo párrafo del artículo 17 (“También tienen la obligación de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y de hacer cumplir la Constitución y las leyes”).
“Esto es así ya que el sistema penitenciario panameño se basa constitucionalmente en los principios de rehabilitación y reinserción social. La cadena perpetua sería reconocer que la rehabilitación y la reinserción son imposibles, por ende, su incorporación sería inconstitucional”, explica el jurista especialista en derechos humanos.
En esto coincide con la abogada Nora Santacruz, quien fue contundente: “Panamá no capacita ni rehabilita a nadie en las cárceles. Puedes contarlos con los dedos de una mano”, dijo al cuestionar la funcionalidad del sistema penitenciario actual.
Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó que “se debe sustentar objetivamente esa necesidad para que el castigo no sea una pena arbitraria o infamante; el debate legislativo debe garantizar esos motivos”.
Otro jurista que ha expresado sus comentarios es el exfiscal Roberto Moreno, quien calificó la propuesta como un retroceso civilizatorio: “Imponer cadena perpetua es admitir que el Estado fracasó en su misión de cambiar a quien delinque y devolverlo a la sociedad como un ciudadano de bien”.
El proyecto fue presentado por la diputada Ariana Coba, del Partido Panameñista, para crímenes atroces como asesinatos múltiples, extracción de órganos y decapitaciones.
