Nuevos abogados no tendrán que hacer examen de barra
El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 500 de 2025, que modifica la normativa que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, luego de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto por insistencia
La publicación en Gaceta Oficial de la Ley 500 de 2025, que modifica y deroga artículos de la Ley 350 de 2022 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá, ha generado un fuerte debate dentro del gremio legal.
Entre los cambios, solo podrán obtener la idoneidad quienes sean panameños y cuenten con un título universitario reconocido en Derecho o Derecho y Ciencias Políticas.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño, cuestionó la aprobación de la ley, calificándola como un retroceso. “Si a un abogado obtener la idoneidad le demoraba, que fue parte de las quejas, ahora será peor, estamos en análisis para demandar la misma. A la ciudadanía, le pedimos que verifique bien a quién contrata”.
El abogado José Álvarez se refirió a los efectos de eliminar el examen obligatorio. A su juicio, la decisión representa un daño enorme para la sociedad, al dejar sin un filtro mínimo de competencia a quienes aspiran a ejercer. Álvarez aseguró que existen suficientes argumentos para que la Corte Suprema declare la ley inconstitucional, aunque advirtió que, incluso si eso ocurre, no significaría que el examen profesional volvería a implementarse, lo que según dijo abriría un vacío normativo que los diputados no previeron.
Sin embargo, el diputado Ernesto Cedeño afirmó que “se hizo justicia ya que el nivel profesional no depende únicamente de una prueba, sino de la preparación ofrecida por universidades y docentes”.
Por su parte, el abogado Nelson Robles destacó los elementos que, a su juicio, hacen más robusta la formación jurídica bajo el nuevo marco legal y explicó que la norma permitirá a los estudiantes realizar prácticas profesionales en instituciones públicas y privadas, además del trabajo de tesis, una medida que según indicó, ampliará la variedad de profesionales y las experiencias en el mercado laboral.
Agregó que la ley mantiene la opción del examen de barras y abre la posibilidad de completar un servicio voluntario en despachos judiciales o publicar una tesis en revistas indexadas.
