Sindicalistas reaccionan tras el fallo
Organizaciones y dirigentes coinciden en que se violó el debido proceso y apelarán el fallo condenatorio
Los sindicalistas Mariano Mena, Gabriel Castillo, Armando Rangel Gordón, Guillermo Puga, Elberto Cobo, Víctor Torres De León y Aniano Pinzón fueron condenados a 5 años (60 meses) de prisión como autores del delito de contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado en perjuicio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Mena, uno de los condenados, reveló a Metro Libre que “es un fallo injusto, toda vez que en mi caso se me está juzgando por la compra de siete barriles de cerveza para un 1 de mayo, barriles que representaban un costo de B/.700.00. Además, este dinero fue devuelto en su totalidad cuando se inició con el proceso”.
Mena agregó que a esta causa se le presentó un amparo de garantías y que el mismo no ha sido resuelto. “La jueza no se podía pronunciar hasta que se resolviera el amparo”, destacó.
Por su parte, el abogado de Guillermo Puga, Ramiro Guerra, declaró que “estamos ante una sentencia que no está en firme por lo que se mantiene el estado de inocencia del señor Puga y de los otros dirigentes sindicales. Esta es una sentencia que admite el recurso de apelación”.
“Hay un problema, el juzgado se adelantó a dictar un fallo teniendo conocimiento de que había un amparo interpuesto en un tribunal superior. Esto nos hace sospechar sobre las reales intenciones de sacar el fallo sin que se esperara que el Tribunal Superior resolviera el amparo sobre un alegato de prescripción”, declaró Guerra.
Por su parte, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), asociación a la que pertenece el también condenado Gabriel Castillo, subrayó que el dirigente “fue sobreseído, funcionarios de la Contraloría reconocieron que no había dolo en la compra de unos útiles de oficina por lo que se abrió el caso y la documentación requerida se presentó”.
“No permitiremos que se mancille el nombre de un distinguido dirigente de probada solvencia moral y de larga trayectoria. Recurriremos a todas las acciones legales que corresponda”, concluye Conusi.
La investigación por parte del Ministerio Público surgió a raíz de una denuncia presentada por la exministra de Trabajo Alma Cortés, para el 21 de abril de 2010, señalando que el Instituto de Estudios Laborales entregó grandes sumas de dinero a los gremios sindicales confederados, sin que hayan presentado informes de uso.
Según informe de la Contraloría General de la República, se encontraron incongruencias y gastos con fines distintos a lo establecido en el Decreto que regula el Seguro Educativo, sin que los dirigentes sindicales pudiesen sustentar la suma superior a 261 mil dólares.
ML | Mariano Mena fue secretario general de la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP), Gabriel Castillo es dirigente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), Elberto Cobo es secretario de Educación de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP). Mientras que Aniano Pinzón es secretario general de la Unión General de Trabajadores de Panamá (UGTP); Guillermo Puga representante de trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social.
“Todo lo que se le atribuyen a la CTRP son B/.190.00 y la auditoría que hizo la Contraloría General de la República determinó que se habían cumplido con todos los procedimientos que el Ministerio de Trabajo establecía en ese momento”.
