¿A qué precio se paga la reputación de la justicia panameña?

  • Salvador Padilla.

La justicia panameña parece estar en vilo, secuestrada y ciega. Tal como sin una sombra contaminara la ética, la moral y las virtudes de quienes deben impartir justicia; y peor aún, desacreditando la labor de las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho para todas las personas, panameños o extranjeros por igual, según la Constitución Política de Panamá, sombra que, contamina desde las instancias de investigación, hasta los diversos niveles judiciales encargados supuestamente de garantizar la aplicación de la ley y el respeto de los Derechos Humanos.

Pero, eso no parece acontecer actualmente en Panamá, ¿a qué precio se está pagando las reputación del sistema judicial panameño, la de los fiscales, magistrados, jueces y funcionarios judiciales de aquel país?

La corrupcción es el peor virus que puede padecer un Estado que busca el desarrollo en todo sentido, pues el virus le está ganando la batalla a la verdadera justicia,  virus que se manifiesta a través de aprehensiones ilegales de bienes,  fallos amañados que laceran y afectan la dignidad de gente honesta, de personas que cumplen con la ley fuera y dentro del país.

Esto es deprimente y alarmante, pues no puede afirmarse que Panamá esté en desarrollo de ningún tipo, si su Estado de derecho se ve rebasado por la peste de la ilegalidad y la carencia de garantías legales mínimas.

Un caso muy evidente son  las acciones contrarias a derecho de la Procuradoría General de la Nación (PGN), que sin importar las afectaciones que ocasiona a las personas investigadas las cuales gozan de la presunción de inocencia conforme a la Constitución de Panamá y la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras disposiciones internacionales, son tratadas como sentenciadas, sin que exista indicio alguno de la comisión de un delito.

Ha sido muy cuestionable la ética de algunos de los fiscales dentro de la PGN que a pesar de atravesar por una pandemia como el Covid-19 no paran de afinar sus estrategias para perseguir a gente inocente y llevarlas a un abismo de preocupaciones con el fin de chantagearlas y generarles un perjuicio irreparable, al amparo de su investidura ministerial, la cual debiese ser honorablemente ejercida.

Creo que el actual procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, tiene la misión de sanear la institución y pedir cuenta de las actuaciones de sus funcionarios, bajo la lógica del deber que encabeza en beneficio, de la justicia, una justicia que debe aplicarse de forma pareja a todas las personas, pues ha quedado muy atrás la época de los nacionalismos recalcitrantes.

Estamos en tiempos que el mundo ya no cree en esa justicia autoritaria, porque quienes debieran guiarla y aplicarla,  son los primeros responsables de cometer arbitrariedades,  llevando a cabo  procedimientos tendenciosos y poco serios, al tratar muchas veces a personas inocentes como si fueran  delincuentes, acusándolos de presuntos delitos que no han cometido, o que violando su debido proceso, les impiden tener un derecho a una defensa justa.

Definitivamente, ha quedado en el escrutinio público que dentro del engranaje de algunas fiscalías podría esconderse una red de funcionarios confabulados para dañar la reputación de personas honestas que solo buscan aportar al desarrollo y la paz social de Panamá. 

Panamá no necesita un Ministerio Público gris, que antepone la forma al fondo y a la justicia, donde impera el desorden, la impunidad y un sistema viciado, diseñado para la selectividad y los privilegios, ganando tiempo para que los casos prescriban, favoreciendo a sus protegidos y destruyendo a sus enemigos.

Es momento de que Panamá, se equipare a los países de Latinoamérica que realmente buscan una mejoría es sus sistemas de impartición de justicia y garantía de los Derechos Humanos, pues de no hacerlo, además de las consecuencias internacionales que ello implicará a ese bello país, se seguirá sumando peso al barco panameño que, hoy está a la deriva, pero que podría hundirse.
 

Salvador Padilla
Especialistas en temas de Derechos Humanos y Derecho Internacional
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