Dato mata a relato
Desde el 2023, hemos venido escuchado afirmaciones apocalípticas sobre las operaciones de Cobre Panamá: que destruía irremediablemente el ambiente, que contaminaba los ríos, que incumplía sistemáticamente sus obligaciones, que afectaba la cuenta del Canal y que operaba al margen de los controles del Estado entre otras más. Acusaciones graves, que se han venido tirando al aire sin ningún sustento científico que las acuerpe.
La Auditoría Integral realizada por SGS, una de las empresas de certificación e inspección más prestigiosas del mundo, y publicada por el Ministerio de Ambiente, viene a representar una respuesta seria, científica y certera contra todas esas acusaciones.
Esta concluye que la operación alcanzó un 87.73% de cumplimiento integral, verificó el cumplimiento de 368 de 370 compromisos ambientales y confirmó la existencia de monitoreo permanente, controles técnicos, laboratorios acreditados, reutilización del agua, gestión ambiental activa, cumplimiento laboral, aportes fiscales e importantes programas de inversión social. Incluso los pocos incumplimientos detectados fueron catalogados como subsanables y cuentan con planes de corrección.
Ante estos resultados cabría esperar una discusión técnica. Que quienes durante años denunciaron supuestas irregularidades analicen el informe, cuestionen su metodología si encontraban deficiencias o presenten estudios científicos que demuestren lo contrario.
Pero nada de eso ha ocurrido.
En lugar de debatir los datos, muchos han optado por el silencio frente a la evidencia. Otros recurren a la descalificación personal, al ataque contra quienes apoyan la reapertura de la mina o a repetir afirmaciones que el propio informe técnico examinó. Es mucho más fácil desacreditar al interlocutor que refutar un documento sustentado en cientos de verificaciones técnicas.
Una democracia madura no le teme al debate. Al contrario, lo exige. Quien sostiene que la auditoría está equivocada tiene todo el derecho de decirlo, pero también la responsabilidad de demostrarlo con evidencia técnica equivalente. Lo que no resulta aceptable es sustituir los argumentos por consignas o la ciencia por campañas de desinformación.
Panamá está frente a una de las decisiones económicas más importantes de su historia reciente. Miles de empleos, cientos de proveedores nacionales, la confianza de los inversionistas y una parte significativa de los ingresos públicos dependen de que esa decisión se adopte con racionalidad y no con emociones.
La pregunta ya no es si la mina debe reabrirse o no. La pregunta es mucho más profunda: ¿estamos dispuestos a construir políticas públicas basadas en evidencia o permitiremos que el debate nacional continúe secuestrado por quienes prefieren el ataque antes que la discusión y el prejuicio antes que los hechos?
Los países progresan cuando las decisiones se toman con información verificable. Los que renuncian al debate terminan presos de los mitos. Y Panamá no puede darse ese lujo.
