DGI y la crónica de una muerte anunciada
Más de 44 millones defraudados: una cifra que no es abstracta, sino el precio pagado por hospitales sin insumos, escuelas con pupitres dañados y familias que pierden oportunidades. Cuando la Dirección General de Ingresos (DGI) falla en detectar, sancionar y recuperar lo perdido, el Estado se empobrece y la desigualdad se profundiza.
Cada millón evadido se traduce en carreteras sin asfaltar, en técnicos de salud mal pagos, en jóvenes que abandonan sus estudios por falta de becas.
La impunidad fiscal crea un incentivo perverso: enriquecimiento privado a costa del bienestar público.
La sociedad panameña no puede normalizar que recursos públicos desaparezcan en redes opacas; nuestra seguridad social, nuestras pensiones y la capacidad para enfrentar crisis dependen de una recaudación justa y efectiva.
Es urgente reclamar una DGI fortalecida: tecnología para seguimiento fiscal, personal capacitado y resguardos legales que agilicen investigaciones y recuperación de activos.
Exigir transparencia en las auditorías y participación ciudadana en la vigilancia del gasto. No se trata solo de recuperar dinero, sino de restaurar la confianza: cada caso resuelto envía un mensaje claro contra la corrupción y a favor del bien común. Panameños, si dejamos pasar este saqueo silencioso, condenamos a futuras generaciones a pagar la cuenta; actuar ahora es un deber cívico y moral.
