EDITORIAL : Cuando el activismo es político
En democracia, la libre expresión es un derecho. Y está garantizada por la Constitución y las Leyes. Ese acuerdo social se traspasa cuando las organizaciones que proclaman defender derechos o expresan oposición a decisiones o proyectos, convierten en activismo gremial un acto político, con agenda ideológica, pretensión electoral y financiamiento sin control.
Eso se está observando con algunas manifestaciones de grupos que se identifican como los ambientalistas o que no respaldan la apertura de la mina de cobre, el embalse de río Indio o el puerto Barú, en David, Chiriquí.
Parece que el discurso, la consigna y la pretensión es oponerse e impedir obras que tendrán un impacto en el desarrollo del país y el empleo. Para ello se recurre mucho a la desinformación y descalificación, inclusive personal.
