Justicia aplazada en nuestro país
Desde una perspectiva financiera, económica y social, el impacto de los esquemas de corrupción en nuestro país parece trascender los expedientes judiciales y se traduce en un daño directo a la población. Recursos públicos que debieron transformarse en hospitales, carreteras, escuelas, centros de salud, medicinas e infraestructura básica quedaron atrapados en obras inconclusas, proyectos abandonados o iniciativas que nunca pasaron del papel. Comunidades enteras, como las del interior del país, continúan enfrentando distancias extremas para acceder a atención médica especializada, mientras instalaciones sanitarias permanecen en abandono pese a haber sido presupuestadas. Este desvío de fondos no solo genera un perjuicio económico medible, sino que profundiza la desigualdad, deteriora el desarrollo humano y debilita el tejido social, sembrando desconfianza en las instituciones y normalizando la idea de que el poder puede colocarse por encima de la ley. Panamá tiene la obligación jurídica y moral de esclarecer todo, dónde fueron los recursos, quiénes participaron y por qué el país aún paga las consecuencias. Sin verdad judicial no hay reconciliación social; sin rendición de cuentas no hay democracia funcional. La lucha contra la corrupción no es venganza ni persecución: es una exigencia ética en defensa de la gente, de los servicios básicos que nunca llegaron y del futuro de una nación que no puede permitirse que la impunidad siga gobernando. * El autor es ciudadano.
