La auditoría marcó el camino; ahora el Estado debe actuar
Panamá ya tiene sobre la mesa un documento que no puede seguir durmiendo en escritorios públicos: la Auditoría Integral del Proyecto Cobre Panamá. Y lo primero que debemos decir con seriedad es que una auditoría no es un discurso político, ni una consigna de calle, ni una opinión de redes. Es una evaluación técnica que muestra qué se cumplió, qué debe corregirse y qué decisión debe tomar el Estado.
El resultado global fue 87.73%. En palabras simples, es como si un carro pasara por una revisión completa antes de salir del taller. Si de 100 puntos revisados, 88 están en buen estado y 12 requieren ajustes, el carro no se destruye y se bota. Se corrige lo que está pendiente, se vuelve a revisar y, si entrega para que pueda seguir funcionando de manera segura.
Por otro lado si fuera un examen médico completo del cuerpo, el doctor diría: “En términos generales, usted está bien; hay algunos temas que debemos atender, como la vista, y eso lo podemos corrige con lentes, más seguimiento y tratamiento”. Ningún doctor mandaría al paciente a su casa a despedirse de su familia, por solo necesitar lentes para mejorar su visión.
Ya no hay duda, el informe certifica que la auditoría evaluó 370 compromisos ambientales. De ellos, 361 fueron considerados conformes o cumplidos y 9 quedaron como no conformes o incumplidos. Esos 9 no deben esconderse. Hay temas importantes sobre suelos, biodiversidad, recurso hídrico, reforestación, mantenimiento de áreas intervenidas y trazabilidad de información. También se identificaron 24 excepciones laborales relacionadas con contratistas y subcontratistas por documentos de paz y salvo y pagos a la Caja de Seguro Social.
Pero una cosa debe quedar clara: un hallazgo no es automáticamente un desastre ambiental. Un hallazgo es una alerta técnica. Un incumplimiento es una obligación pendiente. Y para eso existen los planes correctivos, los cronogramas, la fiscalización, la supervisión y la obligación de cumplir.
Panamá no necesita otra comisión de expertos que tarde meses para decirnos lo que ya sabemos. Necesita decisión, carácter y responsabilidad. El plato de comida en muchas casas ya está vacío. Las cuentas no se pagan solas. La informalidad y el desempleo no se combaten con burocracia, sino con inversión, empleo formal, proyectos productivos y reglas claras.
El Gobierno tiene ahora una ruta: exigir correcciones, verificar cumplimiento y tomar una decisión basada en evidencia. Ni licencia para hacer lo que sea, ni cierre eterno por miedo político. Lo responsable es corregir lo pendiente, proteger el ambiente, fiscalizar con firmeza y abrir espacio a la recuperación económica del país.
Panamá necesita avanzar. Con control, con ambiente, con empleo y con responsabilidad. La auditoría ya habló. Ahora le toca al Estado demostrar si tiene la capacidad de convertir los informes en decisiones y las decisiones en bienestar para la gente.
*El autor es empresario | CEO GRUPO CAMSA Panamá | Especialista en Desarrollo de Proyectos de Alto Impacto y Sostenibilidad Empresarial | Ex Presidente de la Cámara Minera de Panamá.
