No es un trofeo político ni una plataforma mediática
La pretendida reforma educativa en Panamá ha comenzado con una fractura de origen: dos iniciativas paralelas, una desde la Asamblea Nacional de Diputados impulsada por Jorge Bloise, y otra desde el Ejecutivo liderada por la ministra Lucy Molinar. Esta dualidad no es pluralidad democrática, es descoordinación institucional. La educación, columna vertebral del desarrollo, no puede ser rehén de agendas fragmentadas ni de protagonismos políticos. La Constitución es clara: corresponde al Ejecutivo, a través del sistema educativo formal, estructurar y proponer las transformaciones, mientras el Legislativo debate y perfecciona. Alterar este orden no es innovación; es improvisación con consecuencias. Mientras los actores políticos compiten por visibilidad, el sistema educativo sigue atrapado en el atraso: escuelas rancho, aulas improvisadas, estudiantes cruzando ríos sin puentes seguros, y programas de alimentación que, pese a millonarias asignaciones, no logran mitigar el hambre en las aulas. Esta no es una crisis técnica, es un fracaso moral del Estado. Los padres de familia exigimos una rectificación inmediata, firme y sin excusas. El Estado panameño debe reencauzar la reforma educativa conforme al orden constitucional, con liderazgo responsable, coordinación efectiva y prioridades claras: alimentación digna, infraestructura segura, acceso real y calidad educativa. * Presidente de ANPAFA.
