Violencia doméstica
La violencia doméstica en Panamá ha sido un problema persistente que ha evolucionado con el tiempo. Aunque no hay un año exacto de inicio documentado, los registros oficiales comenzaron a reflejar su impacto de manera más clara a partir de la década de 1990, cuando se reconoció como un problema de salud pública y de derechos humanos.
La ONU define la violencia doméstica (contra las mujeres) como: “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia y en el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad”.
En contexto es un delito extendido, que pone en peligro la vida de miles de personas sin hablar de su edad, género, raza, etnia, estatus económico, capacidad, religión, orientación sexual o educación. La víctima se hace dependiente del maltratador, y queda atemorizada, confundida e insegura sobre su capacidad para mantenerse financieramente, por su propia cuenta y también por el apego emocional queda sin herramientas para enfrentar su vida. Este es el modelo de comportamiento de maltrato y está delineado para que el maltratador siempre triunfe.
- Relación con los feminicidios
El feminicidio, como la expresión más extrema de violencia de género, está estrechamente vinculado a la violencia doméstica. En Panamá, los casos de feminicidio han aumentado en los últimos años, reflejando la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención y protección para las víctimas.
- Ley 38 sobre violencia doméstica
La Ley 38 de 2001 fue un hito en la legislación panameña, ya que reformó y adicionó artículos al Código Penal y Judicial para abordar la violencia doméstica de manera más efectiva. Esta ley sustituyó el término “violencia intrafamiliar” por “violencia doméstica” y estableció medidas de protección para las víctimas, además de sanciones más severas para los agresores.
La violencia doméstica en la provincia de Chiriquí, Panamá, ha mostrado un preocupante aumento en los últimos años. Según informes del Ministerio Público, en 2023 se registraron 7,521 denuncias por violencia doméstica en el país, con Chiriquí siendo una de las provincias con mayor incidencia. En 2021, las denuncias por este delito sumaron 17,068, reflejando un incremento del 3% en comparación con el año anterior.
- Factores que inciden en el aumento de la violencia doméstica
Diversos factores han contribuido al incremento de la violencia doméstica en Chiriquí:
- Factores económicos: La crisis económica y el desempleo han generado tensiones en los hogares, aumentando los casos de violencia.
- Impacto de la pandemia: El confinamiento y la falta de acceso a redes de apoyo han exacerbado la violencia en el hogar.
-Factores sociales y psicológicos: La falta de educación sobre relaciones saludables y la normalización de la violencia han sido elementos clave en su persistencia.
- Percepción de la violencia doméstica en Chiriquí
La percepción de la violencia doméstica varía según la región dentro de Chiriquí:
- David Centro: Es la zona con mayor cantidad de denuncias debido a su densidad poblacional y mayor acceso a instituciones de apoyo.
- Oriente y Occidente: En áreas rurales, la violencia doméstica tiende a estar menos denunciada debido a barreras culturales y geográficas. Sin embargo, se han reportado casos alarmantes en distritos como Barú y Tierras Altas.
Las autoridades han instado a las víctimas a denunciar y buscar ayuda, destacando la importancia de no normalizar la violencia. Además, se han implementado programas de intervención en comunidades con alta incidencia.
La explicación de la violencia contra la mujer como término de acuerdo con su posición subordinada en las relaciones de género obliga a verla desde un nuevo marco interpretativo que hace referencia explícita a la discriminación de género. Pero, la aceptación de la violencia como problema público parte de un consenso previo que afirma el respeto a la integridad física y a la dignidad humana.
