Cano: “Los diputados no podemos establecer cifras para el bono”

En relación al tema del monto del bono Panamá Solidario que se excluyó de la ley 287, el cual establece la moratoria, la diputada del partido Molirena Corina Cano explicó que establecer montos o hacer referencias de cifras en una iniciativa de ley como esta, sería extralimitación de sus funciones. 

Cano explicó que desde el punto de vista constitucional y legal la Asamblea Nacional también tiene limitaciones en cuanto al tema de las emisiones de las leyes. 

“Incluir cifras o referencias de cifras en un proyecto de ley de esta naturaleza, desde el punto de vista de técnica legislativa no es aplicable. La Asamblea Nacional solamente tiene facultad constitucional y legal de aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado o autorizar transferencias, a través de la Comisión de Presupuesto. Si colocamos una cifra dentro de un proyecto de ley estaríamos extralimitando funciones porque eso solo lo puede hacer el Ejecutivo, porque es quien conoce con cuánto dinero se dispone, qué dinero puede utilizar para este tipo de beneficios y decidir la cifra que pudiera ajustar o no”, especificó la abogada. 

Para la parlamentaria, el presidente Laurentino Cortizo debería sancionar esta ley porque se ajusta a las circunstancias que estamos pasando.

“Me parece que tiene más cosas positivas y se puede establecer un parámetro. Es la herramienta legal que se requiere para que la entidad bancaria se solidarice con sus deudores”, agregó.

No necesita cambiar las cláusulas del contrato

La parlamentaria manifestó que el 287 establece el tema de la retroactividad, por eso se hace referencia a que la ley es de orden público e interés social, por tanto, tiene efectos retroactivos a partir del 1 de marzo del 2020. 

De acuerdo con la diputada del Molirena, si en medio del proceso de aprobación de esta ley una persona cambió su contrato con su agente económico, a su juicio, debe volverse a sentar porque es posible que no esté en capacidad de cumplir con esas modificaciones.

“Mucha gente, y creo que la mayoría, no está en capacidad de firmar un acuerdo nuevo o cambiar las cláusulas del contrato financiero porque no tiene las condiciones. Lo que cabe es que se vuelvan a sentar y revisar estos nuevos parámetros (de la ley 287)”, destacó. 

Asimismo, la jurista resaltó que con las modificaciones que se le hicieron al proyecto se incluyen a los independientes y trabajadores informales, a quienes no se les había tomado en cuenta. 

El proyecto define un poco más estos aspectos y establece que son aplicables a las personas jurídicas, naturales, independientes y a las que puedan demostrar la afectación de sus ingresos por despidos o suspensión de contratos, disminución de la jornada de trabajo para el sector público y privado.  

“Con esto, se establece también que la persona está obligada a presentar una declaración jurada y ya no son los requisitos que los bancos le venían exigiendo a los trabajadores, donde les pedían la resolución del Ministerio de Trabajo que señalaban que se le suspendió el contrato y mientras ese trámite se desarrollaba, los acreedores exigían que pagaran sus obligaciones”, explicó Cano. 

Se debe aplicar la norma para todos 

En cuanto a la reunión política que ha generado polémica, la diputada del circuito 8-7 dijo que “entiendo que parte de la bancada del PRD ha manifestado sus disculpas al respecto. En lo que yo vi de las fotos, no había tragos ni estaban comiendo, como la gente está diciendo. Al mismo tiempo, estaban guardando el distanciamiento. Entiendo el punto en que se hizo en un local en donde normalmente funciona como restaurante, pero pienso que es parte y parte, porque afuera tampoco se estaban cumpliendo las normas”. 

Considera que si se aplica la norma que sea para todos, en partes iguales. “Hay personas que estaban afuera después de las 7 de la noche, se veían aglomerados en un solo sitio. Me parece que quienes estaban afuera también tienen una situación de responsabilidad legal con respecto a todo el suceso”. 

Reglamento interno y proyectos contra la corrupción

 Los temas que no pueden quedar fuera de la discusión en el nuevo periodo legislativo son los relacionados al reglamento interno de la Asamblea Nacional y los proyectos en contra de la corrupción, según Corina Cano. 

“Queremos que empiece a funcionar la subcomisión relacionada al reglamento interno de la Asamblea Nacional y es muy importante. Los miembros de la Asamblea tenemos el compromiso de discutirlo, de ponernos de acuerdo en todos los aspectos. Estamos bastante adelantados, pero debemos ponernos de acuerdo en algunos detalles. Buscar la manera de que utilicemos la parte digital lo más que se pueda, con el tiempo correspondiente porque así economizamos algunos aspectos y con el tema que estamos viviendo hoy día, se amerita enfocarnos en el tema de que podamos tener acceso a la información de forma digital, es un aspecto que no puede pasar de esta próxima legislatura”, explicó Cano. 

Otro de los aspectos que no se puede dejar a un lado, a juicio de la diputada, son los proyectos en que se aumentan las penas a los delitos de corrupción en contra de la administración pública y también están en la subcomisión.De acuerdo con la abogada, lo que se hizo fue crear la subcomisión para estudiar aquellos aspectos o normas que modificarían el Código Penal en cuanto a los delitos de corrupción. 

“Son dos temas que me parece que debemos impulsarlos, al igual que aquellos proyectos que quedaron en segundo debate para discusión en el Pleno y que se pospusieron para darle prioridad a los que estaban relacionados con la pandemia, para ayudar a la ciudadanía a pasar esta situación de una forma más tranquila”, concluyó.

Zulema Emanuel
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