Política

Realizan consultas de proyecto que busca sancionar a funcionarios que favorezcan a empresas en contrataciones públicas

18 de octubre de 2025

Con penas de prisión de cuatro a ocho años podrían ser sancionados los servidores públicos que favorezcan a empresas en los procesos de contratación con el Estado, según establece el Proyecto de Ley 339, que actualmente analiza la subcomisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Luis Duke.

La iniciativa, presentada por el diputado Augusto Palacios, propone modificar la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, y la Ley 14 de 2007, que adopta el Código Penal. Su objetivo principal es garantizar mayor transparencia en los contratos que celebran las empresas con el Estado y reforzar la fiscalización de estos procesos.

De acuerdo con el diputado Duke, la norma también busca impedir que personas condenadas por actos de corrupción puedan participar en actos públicos durante un periodo que podría extenderse hasta 10 años. “Estamos modificando algunos artículos de la ley original para endurecer los procesos y que el Estado sea más cauteloso al contratar empresas”, señaló Duke.

Por su parte, Enzo Bonnett, representante de la Dirección General de Contratación Pública (DGCP), indicó que “el proyecto es viable”, aunque manifestó preocupación por las sanciones. Añadió que “una vez se homologue e incorpore esta norma administrativa al texto único del Código Penal, no habría mayores inconvenientes para su aplicación en la Ley de Contratación Pública”.

Asimismo, Tania Saavedra, de la Procuraduría General, recomendó a la subcomisión “considerar la modificación del artículo 51 de la Ley, dado que en la práctica ha presentado dificultades para sancionar a las empresas, por lo que se requiere una herramienta más efectiva”.

A su vez, José Alba, representante de la Sociedad Civil, subrayó la necesidad de capacitar a los servidores públicos que intervienen en las contrataciones, para que puedan verificar de manera transparente si las empresas cumplen con los requisitos y garantizar la legalidad de los procesos.

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