Protección digital
Con el objetivo de enfrentar los ciberdelitos y la invasión a la privacidad que sufren muchas personas, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley 61, que busca fortalecer las medidas contra estas nuevas modalidades delictivas
Panamá da un paso crucial en la lucha contra el ciberdelito, con la aprobación del proyecto de Ley 61, que busca regular las nuevas modalidades de delitos cibernéticos y la invasión a la vida privada de las personas.
La legislación establece sanciones penales graduales según el tipo de delito y su impacto en la sociedad, con el objetivo de proteger a todos los ciudadanos, incluidos niños, mujeres, hombres y personas con discapacidad, de los peligros digitales.
Deika Nieto, abogada y presidenta de la Red de la Niñez, destacó la importancia de esta ley para salvaguardar la salud mental, especialmente de los más vulnerables. “Las redes sociales pueden afectar la salud mental de manera rápida y sin control. Aunque no podemos eliminar completamente estos riesgos, es esencial tener leyes que protejan no solo a los adultos, sino también a los niños y niñas que están en constante peligro”.
Nieto también subrayó que ya se han reportado casos de suicidio, como consecuencia de la violencia sexual digital, lo que convierte a esta ley en un primer paso crucial para frenar el uso indebido de las redes sociales y la tecnología de la información. “Como sociedad, debemos entender que la socialización ahora incluye el ciberespacio, y con ello, deben venir medidas más estrictas para evitar que las personas sean lastimadas a través de estos medios”, concluyó Nieto.
Por su parte, la comunicadora social Gisela Tuñón celebró la aprobación de la ley, señalando que es más que necesaria debido al rápido crecimiento del uso de las redes sociales, así como del Internet.
ml | El proyecto de Ley 61, que modifica artículos del Código Penal y la Ley 11 de 2015, sancionará delitos, como: extorsión digital, uso indebido de contenido sexual íntimo y la posesión de material de abuso infantil, con penas entre 5 y 10 años de prisión.
“Necesitamos que se asignen recursos económicos, personal capacitado y, sobre todo, voluntad política. La esencia de la normativa es sólida, pero si no contamos con los medios para ponerla en práctica, no tendrá ningún tipo de impacto”.
“Esta ley es un paso adelante para proteger a las personas. No creo que, por ser una figura pública, otros tengan el derecho de usar tu contenido sin ningún tipo de regulación o control. Es fundamental que se respeten los límites y la privacidad”.
