Argentina rechaza una visita de la princesa Ana a las islas Malvinas
El gobierno de Argentina rechazó este martes las actividades oficiales de la princesa Ana de la casa real británica en las islas Malvinas, archipiélago cuya soberanía reclama Buenos Aires y en el que ambos países mantienen una reciente disputa por explotación hidrocarburífera.
La Cancillería argentina afirmó que el viaje de la hermana del rey Carlos III se realiza "en ejercicio de la ocupación ilegal británica de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", en un comunicado compartido en redes sociales.
Además, la cartera diplomática sostuvo que la visita "constituye una provocación", ya que ocurre mientras el Reino Unido avanza en la "explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas" en el Atlántico Sur.
El gobierno argentino solicitó en octubre la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas, desde que la primera anunció que espera iniciar la extracción de hidrocarburos en la cuenca norte de Malvinas hacia enero de 2028.
El Tribunal fijó tentativamente el 28 de noviembre de 2026 como fecha para emitir su decisión sobre el pedido de medidas provisionales de urgencia presentado por Buenos Aires, según consta en su sitio web.
El proyecto recrudeció las tensiones diplomáticas entre ambos países que en 1982 libraron una corta y cruenta guerra por el dominio de las islas bajo control del Reino Unido y que se zanjó con la rendición del gobierno dictatorial argentino de entonces.
Londres no reconoce la jurisdicción argentina sobre las islas bajo dominio británico desde 1833.
El presidente argentino, Javier Milei, había reclamado a Londres frenar la explotación de Sea Lion al calificarla como "un saqueo ilegal" de recursos naturales argentinos.
También impulsó en el Congreso una ley, aún bajo tratamiento, para endurecer las sanciones previstas por la explotación de recursos naturales en las islas.
A mediados de septiembre, la justicia argentina también emitió una orden cautelar para detener el proyecto en atención a una presentación de dos organizaciones argentinas que invocaron posible daño ambiental.
Londres insiste en el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y respalda a las empresas involucradas.
Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.