CCIAP pide evaluar con transparencia la propuesta para el sitio minero de Donoso
El presidente de laCámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría Pino, consideró que la recomendación de la Comisión Interministerial sobre el futuro del sitio minero de Donoso representa una ruta que debe ser evaluada con responsabilidad, transparencia y sentido de país.
Las declaraciones las hizo en su habitual opinión de todos los domingos donde Barría Pino señaló que el pasado 30 de septiembre la Comisión Interministerial entregó al presidente de la República, José Raúl Mulino, su informe final, documento que aporta nuevos elementos para abordar la situación del sitio minero, luego de casi tres años de incertidumbre.
Asimismo, recordó que la CCIAP ha mantenido una posición consistente desde el fallo de la Corte Suprema de Justicia, al plantear la necesidad de atender el sitio con responsabilidad técnica y ambiental, además de contar con información independiente y transparencia en el proceso de toma de decisiones.
En ese sentido, explicó que el informe recomienda evaluar un acuerdo que permita resolver los arbitrajes pendientes y avanzar hacia una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado y autofinanciado, sin prórroga y en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, el presidente de la CCIAP calificó la recomendación como una alternativa balanceada, debido a que no plantea regresar al modelo anterior, pero tampoco desconoce las consecuencias ambientales, económicas, sociales y jurídicas de mantener indefinidamente el sitio en su condición actual.
De acuerdo con Barría Pino, el informe estima que un cierre sin acuerdo tendría un costo de entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un periodo de 17 a 19 años. A esto se suman reclamaciones arbitrales por al menos US$27,000 millones, las cuales, aclaró, no han sido reconocidas ni adjudicadas contra Panamá.
Por ello, sostuvo que estas cifras no deben determinar por sí solas la decisión del país, pero sí deben ser consideradas para dimensionar sus posibles implicaciones, especialmente si los costos terminan recayendo sobre el Estado y comprometiendo recursos destinados a educación, salud, infraestructura y otras prioridades nacionales.
A la vez, Barría Pino destacó entre los potenciales beneficios de la propuesta evitar que el cierre recaiga sobre las finanzas públicas, atender los arbitrajes pendientes y ordenar la transición, aunque advirtió que será necesario establecer una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos protegidos y mecanismos de fiscalización rigurosos e independientes.
En consecuencia, el presidente de la CCIAP consideró razonable avanzar hacia la evaluación y eventual negociación de esta alternativa, de manera que el país pueda conocer sus condiciones concretas antes de adoptar una decisión definitiva sobre el futuro del sitio minero.
Sin embargo, señaló que todavía existen aspectos que deben ser definidos, entre ellos la figura jurídica que se utilizaría, su compatibilidad con el fallo de la Corte Suprema y la Ley 407, el régimen fiscal, la participación del Estado, el alcance de cualquier operación, las garantías de cierre y la terminación de los procesos arbitrales.
Igualmente, planteó la necesidad de garantizar una fiscalización ambiental independiente, transparencia y rendición de cuentas durante todo el proceso, además de asegurar oportunidades para las comunidades directamente impactadas, los trabajadores y las empresas panameñas.
Finalmente, Barría Pino reiteró que la posición de la CCIAP se mantiene sustentada en principios como el respeto al fallo de la Corte Suprema y al ordenamiento jurídico, una protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre sin costo para el Estado ni los panameños, transparencia, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas nacionales directamente impactadas.
De esta manera, el presidente de la CCIAP sostuvo que el país debe abordar el debate con datos, serenidad y sentido de país, al considerar que la decisión final debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable, económicamente sostenible y capaz de generar confianza, siempre en defensa de los intereses de Panamá.
