Exdirector de la DGI asegura que denunció irregularidades en créditos fiscales desde 2023
El exdirector general de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, aseguró que durante su administración (2019-2024), se detectaron y denunciaron las presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de créditos fiscales que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades.
En un comunicado divulgado en redes sociales, De Gracia afirmó que las primeras alertas surgieron en 2022 y que la institución actuó desde ese momento. “Ese año recibimos denuncias sobre modificaciones de datos. Informamos de inmediato a las autoridades de seguridad y abrimos una revisión administrativa sobre los contribuyentes y las personas señaladas”, señaló.
De Gracia indicó que, posteriormente, en 2023, funcionarios de la DGI detectaron nuevas anomalías relacionadas con incentivos fiscales, lo que dio paso a una investigación interna.
“A inicios de ese año, funcionarios de la DGI nos alertaron sobre posibles resoluciones adulteradas relacionadas con incentivos fiscales. Ordenamos una investigación interna y, al concluirla, presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en abril de 2023”, sostuvo.
El exfuncionario también afirmó que en febrero de 2024 ordenó suspender el trámite de las solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales ante el incremento de estas operaciones y las inquietudes planteadas por profesionales tributarios.
“Ordené detener todo trámite en proceso: a partir de ese momento, ninguna solicitud podía aprobarse sin pasar antes por la dirección de la DGI”, manifestó.
Añadió que, un mes después, la entidad reforzó los controles mediante la Resolución 201-1464 del 11 de marzo de 2024, incorporando requisitos adicionales para la aprobación de estos trámites, entre ellos mayor documentación, declaraciones juradas y una resolución administrativa adicional.
En el comunicado, el exdirector también destacó que la DGI impugnó judicialmente el reconocimiento de un crédito fiscal por 20.2 millones de dólares. “Consideramos que ese crédito no tenía sustento y que reconocerlo perjudicaría al Estado. Acudimos a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales contencioso-administrativos para impugnar esa decisión”, indicó.
Asimismo, recordó que antes de concluir su gestión fue creado el Canal de Denuncias de la DGI para reportar irregularidades de servidores públicos y destacó la cooperación con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) en investigaciones sobre delitos fiscales. Concluyó reiterando su disposición de colaborar con las investigaciones en curso.
“He estado y sigo estando a disposición de las autoridades para cooperar en todo lo que se necesite, para que hechos como estos no se repitan”, expresó.
