Panamá gana arbitraje internacional contra Banesco y recibirá $900 mil en costas legales
La República de Panamá resultó vencedora en el arbitraje internacional iniciado por Banesco Holding Latinoamérica S.A. y Banesco (Panamá), S.A. ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), de acuerdo con un laudo emitido el 5 de mayo de 2026. Asi lo dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Según el comunicado oficial, el Tribunal concluyó que “la República de Panamá no infringió sus obligaciones bajo el Tratado”, por lo que rechazó todos los reclamos presentados por la empresa y le ordenó pagar al Estado panameño USD 900,000.00 en concepto de honorarios legales y gastos del proceso.
El proceso fue llevado por la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, con la representación de la firma internacional LALIVE.
En su decisión, el Tribunal determinó que las entidades panameñas no actuaron de forma irregular. De acuerdo con el comunicado, se estableció que “las entidades panameñas no actuaron de manera arbitraria ni con la intención de perjudicar a Banesco”, como alegaba la empresa demandante.
Asimismo, se indicó que la entidad bancaria contó con mecanismos legales para impugnar las decisiones. “La entidad bancaria tuvo acceso a los mecanismos legales internos, los cuales utilizó, para impugnar las decisiones con las que no estaba de acuerdo”, señala el documento, que además destaca que “los fallos de la Corte Suprema reflejan una interpretación razonable del derecho panameño”.
El laudo también abordó el argumento central de la demanda sobre el trato a la inversión extranjera. En ese sentido, subraya que “el estándar de Trato Justo y Equitativo invocado por Banesco no constituye una garantía frente a los riesgos inherentes a la actividad comercial”.
El arbitraje fue iniciado en 2023, cuando Banesco alegó que el Estado panameño incumplió el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá, particularmente en lo relativo al trato justo y equitativo y la no obstaculización de las inversiones extranjeras.
Entre sus argumentos, la empresa sostuvo que diversas entidades estatales actuaron de forma arbitraria, discriminatoria y sin transparencia, además de vulnerar el debido proceso al ejecutar o amenazar con ejecutar fianzas emitidas para garantizar contratos de obra pública incumplidos. Banesco reclamaba una indemnización de más de USD 13.5 millones.
