Reforma a ley eléctrica endurece causales para cancelar concesiones
La ASEP hizo énfasis en la deuda de cobertura, detallando que el 5% de los hogares del país no tiene electricidad porque está fuera de las zonas de concesión, al ser consideradas poco rentables
La reforma a la Ley 6 de 1997 (establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad), que se discute en la Asamblea Nacional, permitirá cancelar la concesión a las distribuidoras de energía que no cumplan con la calidad del servicio y obligará a llevar electricidad a unas 58 mil familias que hoy viven sin luz.
Así lo explicaron el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., y la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez.
“La ley se tiene que cumplir, esté quien esté”, sostuvo la administradora de la ASEP, al detallar que el proyecto incorpora cinco causales de terminación del contrato de concesión directamente vinculadas a la calidad del servicio.
En tanto, Rodrigo Rodríguez señaló que, sin consecuencias reales, las distribuidoras siguen cobrando la tarifa completa mientras el usuario espera años por una respuesta a sus reclamos.
Según establece el documento, el contrato podrá darse por terminado por incumplimiento reiterado de la ley o del contrato; por no ejecutar el programa de inversiones aprobado en el ingreso máximo permitido; por no cumplir con la electrificación rural en áreas no servidas; por incumplimiento reiterado de los indicadores de calidad y, como causal nueva y disuasoria, cuando la suma acumulada de reducciones tarifarias, penalizaciones y multas supere el 25% del ingreso total anual facturado por la distribuidora en el año anterior.
En caso de terminación anticipada, el titular del paquete mayoritario no podrá participar en el nuevo proceso competitivo.
La reforma también eleva a rango de ley la figura del interventor de la ASEP, quien podrá asumir temporalmente la administración de la empresa para garantizar la continuidad del servicio.
“El objetivo debería ser que los incentivos estén alineados: que las empresas tengan razones para invertir, que el Estado pueda exigir resultados y que los usuarios reciban un servicio confiable”.
“Me parece excelente la iniciativa, ya que los consumidores sentimos que toda la regulación existente no vela por el consumidor y solo favorece al distribuidor y productor de energía”.
