Cuba se convierte en el país con más condenas por detención arbitraria dictadas por la ONU desde 2019
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (WGAD) de Naciones Unidas determinó que 49 presos vinculados a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba fueron víctimas de detención arbitraria, según dos dictámenes recientes en los que el organismo concluye que los arrestos tuvieron motivaciones políticas e ideológicas, sin debido proceso ni garantías de defensa.
De acuerdo con los documentos, los detenidos también sufrieron “desaparición forzada y aislamientos, torturas y violaciones múltiples y gravísimas de sus derechos humanos”.
Las resoluciones, identificadas como Op. 46/2025 y Op. 57/2025, exhortan al Estado cubano a liberar y exonerar inmediatamente a los 49 afectados y a indemnizarlos por los daños sufridos. Con estos nuevos casos, Cuba pasa a ser, según el WGAD, “el primer país del mundo por detención arbitraria desde 2019”, acumulando 93 dictámenes entre 2019 y 2025. Egipto ocupa el segundo lugar, con 73 casos.
El informe destaca que Cuba es el único país que ha sido condenado en tres Opiniones de tipo masivo —todas presentadas por la organización Prisoners Defenders— al sumar “66 casos repartidos en 3 opiniones presentadas por Prisoners Defenders y resueltas con condena del WGAD sólo 1 año y 8 meses”. Asimismo, se indica que “Prisoners Defenders fue el ponente y defensor de 81 de ellos ante el organismo (el 87%)”.
El WGAD determinó que las 93 detenciones reconocidas desde 2019 están asociadas al ejercicio de derechos protegidos internacionalmente, como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación cívica. Según los dictámenes, estas privaciones de libertad estuvieron acompañadas de “tortura, la persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos”. El organismo concluye que el régimen perpetró “6 de los 11 posibles crímenes de lesa humanidad definidos por el Estatuto de Roma”.
En su análisis, Naciones Unidas subraya que Cuba ha participado en los procesos de arbitraje, describiéndolos como un procedimiento similar a un juicio, en el que expertos evalúan la documentación presentada por ambas partes para emitir “Opiniones”. No obstante, el nuevo expediente revela que en este conjunto de 49 casos “el régimen no se aventuró esta vez a rebatir las acusaciones y asintió tácitamente a los argumentos y pruebas presentados por Prisoners Defenders”.
El WGAD también resalta que varias de las detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, en línea con los registros del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. De acuerdo con el documento, Cuba es el cuarto país del mundo con más acciones urgentes de desaparición forzada desde 2012, acumulando “193 acciones urgentes de desaparición forzada”, todas tramitadas por Prisoners Defenders. En contraste con otros países, señala que en Cuba “la única mafia que provoca la desaparición forzada es el propio gobierno”.
Los dictámenes evidencian que los casos cubanos presentan un patrón particular respecto a otras naciones: las Opiniones suelen involucrar grupos completos de personas, incluyendo resoluciones de siete detenidos (4/2020) y tres Opiniones masivas recientes que abarcan “17, 16 y 33 personas (66 casos)”. Esto demuestra que la detención arbitraria en Cuba, según el WGAD, no es un fenómeno aislado, sino parte de “un modelo de gobernanza autoritario sustentado por crímenes de lesa humanidad”.
El organismo destaca que en Cuba el encarcelamiento funciona como un mecanismo de control social dirigido a “comunidades religiosas”, “grupos barriales”, “organizaciones locales”, “movimientos ciudadanos” y “familias enteras”. Añade que la privación de libertad se emplea no para sancionar conductas específicas, sino para “desarticular redes humanitarias y prodemocráticas”.
El WGAD concluye que Cuba presenta “el promedio más alto del mundo de personas detenidas por cada resolución”, con más de cinco afectados por Opinión, lo que evidencia el carácter colectivo de las detenciones.
Finalmente, el documento reconoce limitaciones en los mecanismos de Naciones Unidas, pero destaca el esfuerzo de los expertos involucrados: “hay que agradecer que, al menos y a pesar de las limitaciones, el ser humano cuente con estos mecanismos”. El informe señala además que mejorar su eficacia requeriría “financiación adicional y cambios en la filosofía de enfrentamiento y la cobertura legal de estos casos en la ONU”.
