Nacionales

Analizan cambios al Código Procesal Penal

Más de diez iniciativas reposan en la Asamblea, respecto a la modificación de artículos de la herramienta que define las funciones de los jueces y fiscales

11 de septiembre de 2024

Recientemente el procurador general de la Nación Javier Enrique Caraballo presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional una iniciativa que modifica el Código Procesal Penal, en su artículo 314 y adiciona uno nuevo. Además, transforma el artículo 12 de la Ley 51, del 18 de septiembre de 2009.

Caraballo planteó cambios al artículo 314 del Código Procesal Penal actual que establece disposiciones sobre incautación de datos en las investigaciones.

Explicó que, “en la actualidad ha suscitado distintas interpretaciones, respecto a la información que suministran las empresas telefónicas, distribuidoras o concesionarias, ya que hay jueces que han entendido que la misma debe ser llevada a un control posterior, en tanto que otros no consideran que sea un acto que requiera revisión judicial, dejando al fiscal ante un escenario contradictorio que lo obliga a procurar la intervención jurisdiccional para no afectar la investigación”.

Sobre la iniciativa, el abogado y expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA) Juan Carlos Araúz sugirió inversión en tecnología y modernización. “El derecho penal no es el remedio para una administración pública atrapada en los años 80. Modernización del Estado e inversión tecnológica es la verdadera solución”, exclamó el jurista.

En tanto, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del CNA, comentó que “las modificaciones al Código Procesal Penal, al igual que al resto de nuestro ordenamiento jurídico, siempre será necesario para adecuar el sistema a nuevos avances dentro de lo que representa la dinámica llamada justicia”.

“Con cierta periodicidad los diputados deben revisar las normas vigentes, y realizar ajustes que mejoren el sistema de administración de justicia”, agregó el abogado.

Respecto al artículo que se adiciona al Código Penal (279-A), Caraballo sostuvo que “es en atención a la protección de las víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual”.

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