Nacionales

Hasta cinco años de cárcel por cerrar accesos a sitios públicos

El anteproyecto, presentado por el diputado Edwin Vergara, busca mantener el acceso de las personas a áreas de uso público

30 de julio de 2025

El libre acceso a playas, ríos, senderos, monumentos naturales y otros sitios de interés turístico o cultural busca ser protegido por la iniciativa legislativa del diputado Edwin Vergara.

El anteproyecto establece una pena de dos a cinco años de prisión para quienes, “sin tener derecho legítimo” y con la intención de hacer uso, goce, disfrute o disposición de caminos y espacios de uso público, los obstruyan, cierren o restrinjan. Esto incluye el uso de cercas, portones, zanjas, estructuras, señalizaciones u otros medios materiales.

Si el camino conduce a ríos, playas, lagunas, nacimientos de agua, parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales, fuentes hídricas, áreas protegidas u otros sitios de valor ecológico, cultural, turístico o comunitario, la pena puede alcanzar hasta siete años de cárcel.

Al respecto, la administradora encargada de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Rosario Cárdenas, explicó que “los accesos a las playas están establecidos por el Ministerio de Vivienda”, y que, si los residentes identifican una violación a la norma, deben acudir a las autoridades locales para presentar la denuncia.

“Es un tema recurrente en el malestar de la población. Las iniciativas son buenas siempre que vayan orientadas a facilitar el acceso a todos, pero también se trata de un componente de educación y conciencia cívica, tanto de aquellos que tienen inmuebles colindantes, que deben ser conscientes de que no pueden estar cerrando ni limitando el acceso a un bien público; como de los visitantes, que deben hacer un uso consciente y no abusivo de las servidumbres”, aportó Eladio Ostia, director de Políticas Legales de ANATI.

“En mi circuito, Chame y San Carlos, en un radio de más o menos 3.5 kilómetros han cerrado parcial o totalmente nueve caminos públicos. Hay personas que no pueden llegar a sus casas a sus fincas o casas”.

“El hecho de que midas un terreno no quiere decir que será titulado. Traen la solicitud y yo debó investigar y determinar si el tramite procede o no. La ciudadanía debe estar pendiente y levantar la voz”.

El anteproyecto contempla de tres a cinco años a quienes con falsedad o engaño titulen terrenos de uso público.
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