Le piden a la Corte que derogue acuerdo que establece jubilaciones especiales
El fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados sería hasta el 100% del último salario devengado
Figuras políticas y del ámbito comercial del país expresaron su descontento ante el anuncio de la suspensión de la indemnización por retiro para los nueve magistrados del pleno de la Corte Suprema de Justicia, no así para el resto de los beneficiados en el Órgano Judicial, y solicitaron que se elimine la medida.
El abogado y constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, remarcó que la suspensión anunciada “sigue siendo arbitraria, fuera de la Constitución, fuera de valores éticos, fuera de valores morales, es un absurdo y es, en mi opinión, algo en que la ciudadanía tenemos la obligación de mantenernos vigilantes porque ellos pretenden engañarnos diciendo que han suspendido algo que no tiene ningún asidero legal”, sustentó.
El jurista afirmó que lograr que este régimen desaparezca es en gran parte competencia de los diputados, quienes deben crear una ley que elimine y prohíba todas las jubilaciones especiales.
“Esto demuestra la necesidad de un cambio constitucional, en la medida en que vemos cómo los distintos Órganos del Estado, de una u otra manera, tienden a burlar la voluntad ciudadana. No podemos hablar de democracia en un país con tanta desigualdad y donde haya autoridades, de cualquier naturaleza, que pretendan seguir aumentando esas desigualdades”, manifestó Bernal.
La diputada Yamireliz Chong, de la Coalición Vamos, dijo que se mantendrán vigilantes. “El anunció de una suspensión no es una eliminación completa para nosotros. He solicitado a la comisión de Presupuesto a que rechace de plano el presupuesto del Órgano Judicial, por ende, tiene que rechazar todo el presupuesto general de la nación, porque no está acorde con las necesidades de los panameños”, dijo.
El presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, remarcó que “los que quieren tener una mejor jubilación busquen la manera de ahorrar como lo hacen los maestros, a través del PRAA o como lo hacen los empleados públicos”.
“Esta suspensión no tiene sentido, es un engaño, es polvo para los ojos de la gente, puesto que usted no puede suspender algo que no tiene sustento jurídico”.
