Ley de Carrera Administrativa busca frenar el clientelismo en el gobierno
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ayer en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre carrera administrativa, que busca fortalecer el servicio civil basado en la transparencia, eficiencia y mérito
El Consejo de Gabinete aprobó el 16 de septiembre el proyecto de ley que reformará la Carrera Administrativa, iniciativa que busca profesionalizar el servicio público y reducir las prácticas de clientelismo en las instituciones del Estado.
El anuncio fue hecho tras los discursos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha destacado en varias ocasiones la necesidad de reformular el sistema actual para garantizar un gobierno más transparente y eficiente.
Según una nota de prensa de la Asamblea Nacional, la propuesta contempla la creación del Instituto Nacional de Administración Pública, adscrito al Ministerio de la Presidencia, dentro de la Dirección General de Carrera Administrativa. Esta nueva entidad tendría autonomía técnica y funcional para asegurar la profesionalización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos humanos del sector público.
La directora general de Carrera Administrativa, Sheila Valdez, explicó que el proyecto impulsa la implementación de concursos públicos por mérito, además de nuevas metodologías de evaluación del desempeño aplicables tanto a funcionarios de carrera como a los de libre nombramiento y remoción.
El diputado Roberto Zúñiga, también promueve la iniciativa y afirmó que estas reformas buscan consolidar “un Estado más profesional, eficiente y transparente”.
Por su parte, el secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Empleados Públicos (Fenasep), Alejandro Haynes, señaló que desde 1994 la Ley de Carrera Administrativa “no se ha cumplido de manera correcta” y que el clientelismo sigue siendo un problema en el aparato estatal.
ML| La Ley de Carrera Administrativa en Panamá nació en 1994 con la intención de modernizar el servicio público y blindarlo contra prácticas de clientelismo político. Su objetivo principal fue garantizar que los puestos en las instituciones del Estado se otorgaran bajo criterios de mérito, profesionalización y estabilidad laboral, y no por afinidad política. A lo largo de tres décadas, la ley ha sufrido varias modificaciones. Una de las más significativas se dio en 2004, cuando se buscó fortalecer los mecanismos de ingreso por concurso y ampliar las protecciones para los servidores públicos.
“Con la aprobación de la ley estamos impulsando concursos públicos y evaluaciones de desempeño más modernas, que garanticen procesos justos y equitativos”.
“Cumplimos con lo que prometimos en campaña: trabajar por un país con instituciones más sólidas y al servicio de la gente; tendremos un Estado de profesionales eficientes”.
“Las evaluaciones se tienen que dar a los nuevos trabajadores que entren al régimen en base al concurso. No se puede desandar lo que ya se hizo”.
