Meduca creará programa de apoyo educativo que modifica la Beca Universal
El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 27 de agosto, el proyecto de ley 23-24, que modifica el programa de Beca Universal y crea el programa de apoyo educativo que tiene como objetivo incentivar la inserción y el progreso educativo de los estudiantes de primaria, premedia y media del subsistema regular y de educación especial del subsistema no regular, mediante la asignación de transferencia de un beneficio económico que va entre B/.270 a B/.450 por año escolar.
El Ministerio de Educación con el Instituto de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) conformarán una comisión interinstitucional que se encargará de velar por su desarrollo y cumplimiento.
El beneficio debe ser destinado y utilizado en la compra de uniformes, libros, útiles escolares, así como en el pago de transporte y cualquier otra necesidad que contribuya con el mejor desempeño y aprovechamiento académico del estudiante.
Para recibir el beneficio, los estudiantes deberán cursar y aprobar los estudios correspondientes y cumplir con las reglas de asistencia y conducta.
En tanto, los acudientes deberán asistir a las reuniones de seguimiento académico y de conducta, así como participar de forma permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. También se le tomará en cuenta su asistencia y participación en las actividades del programa Escuela para Padres.
El IFARHU suspenderá el otorgamiento de este beneficio si el estudiante y acudiente incumplen con los compromisos de seguimiento educativo, asistencia y conducta.
También se establece que el Ministerio de Educación suministrará al IFARHU la información de los estudiantes que reúnan las condiciones establecidas por la ley.
Los estudiantes de centros educativos particulares recibirán el beneficio si se trata de una entidad educativa autorizada por el Ministerio de Educación y cuya suma de la matrícula y de las mensualidades no sobrepase los B/.2,300 anuales.
Centros Educativos e Institutos Técnicos de Bellas Artes y Folclore pasarán al control del Ministerio de Cultura
El Consejo de Gabinete encabezado por el presidente de la República José Raúl Mulino también aprobó hoy el proyecto de ley 24-24, que adscribe los Centros Educativos e Institutos Técnicos Superiores de Bellas Artes y Folclore al Ministerio de Cultura, antes bajo el control del Ministerio de Educación.
El traspaso de estos Centros Educativos e Institutos Técnicos Superiores de Bellas Artes y Folclore incluye el traslado de sus respectivos presupuestos, bienes e infraestructuras al Ministerio de Cultura, de acuerdo con el proyecto ley.
El Ministerio de Cultura facilitará y acompañará al Ministerio de Educación para que se realicen las adecuaciones necesarias y que estos centros de enseñanza e institutos superiores puedan integrarse a las modalidades del sistema educativo panameño.
El proyecto de ley también establece que los títulos académicos expedidos por estos centros educativos tendrán el aval del Ministerio de Educación y, en el caso de los Institutos Técnicos Superiores, serán supervisados por la Universidad de Panamá.
En tanto, el personal docente y administrativo de estos centros e institutos también pasará a formar parte del Ministerio de Cultura.
Además, se crea una comisión temporal, que estará integrada por personal del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, un representante de los docentes y un representante de los administrativos, con el fin de realizar las coordinaciones necesarias para la transición. Extenderán los beneficios del Casco Antiguo de Panamá a su zona de amortiguamiento y al Centro Histórico de Colón El Consejo de Gabinete de este martes aprobó también el proyecto de ley 25-24, que modifica y adiciona artículos a la Ley 136 de 2013, que establece tasas preferenciales en los préstamos hipotecarios destinados a inversiones dentro del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.
El proyecto de ley incluirá bajo estos beneficios a la zona de amortiguamiento del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá (Santa Ana, El Chorrillo, y Plaza 5 de Mayo) y al Conjunto Monumental Histórico de la ciudad de Colón y su área adyacente o de transición, “por el tiempo que corresponda cada uno de ellos”. Esto tiene la finalidad de garantizar la protección del patrimonio cultural inmaterial.
Los beneficios se aplicarán a los inversionistas, propietarios y arrendatarios que desarrollen proyectos de interés social dentro de estas zonas consideradas monumento histórico, tanto en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá como en el de Colón.
Se establece que todos los bancos particulares, la Caja de Ahorros, el Banco Nacional de Panamá, el Banco Hipotecario Nacional y demás entidades financieras o cualquier otra persona jurídica que previamente se registre en el Ministerio de Economía y Finanzas y cuyo giro sea el de otorgar préstamos hipotecarios, podrán acogerse al régimen fiscal previsto por esta Ley.
Estos financiamientos se denominarán préstamos hipotecarios preferenciales para la puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, la zona de amortiguamiento del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá y el Conjunto Monumental Histórico del Casco Antiguo de Colón.
La tasa de estas hipotecas preferenciales se fijará con base en una tasa de referencia que debe establecer la Superintendencia de Bancos de Panamá durante los primeros 15 días de cada trimestre para los préstamos que no amparará este proyecto de ley.En tanto, los bancos o financieras que emitan estas hipotecas preferenciales recibirán anualmente, durante la vida original del préstamo, un crédito fiscal. Estos créditos fiscales podrán ser utilizados por estos bancos o financieras para el pago del impuesto sobre la renta.
Este proyecto de ley también establece sanciones para los propietarios de cualquier inmueble dentro de estos centros históricos.
Cada propietario que por consentimiento, negligencia, omisión o dolo permita que se produzca el colapso parcial o total del inmueble será sancionado con multas que irán de entre B/.5 mil a B/.150 mil.
Igual multa se aplicará a los propietarios que permitan que se deterioren los elementos arquitectónicos o estructurales de la edificación.