Montalvo reitera que transición de la justicia comunitaria será ordenada y sin suspensión del servicio
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reiteró que la implementación de la nueva Ley de Justicia Comunitaria avanza de manera clara, transparente y ordenada, durante una reunión sostenida con jueces comunitarios en el distrito de Arraiján.
Ante periodistas, Montalvo recordó que el traspaso de la administración está claramente establecido en la normativa vigente. “El Ministerio de Gobierno asumirá formalmente la administración de la justicia comunitaria a partir del 1 de enero, a las 12:01 a.m., tal como lo establece la Ley 467. Se trata de un proceso que ya está definido en el marco legal y que, en consecuencia, debe ponerse en marcha”, dijo.
La ministra explicó que, desde antes de la fecha fijada por la ley, se ha trabajado de forma coordinada con los alcaldes de los distintos municipios para asegurar una transición ordenada. No obstante, reconoció que en algunos casos, como el del municipio de Arraiján, el proceso no se ha desarrollado de la misma manera.
“El objetivo principal ha sido evitar que esta transición se convierta en un tema crítico o caótico para los usuarios del sistema, es decir, para las comunidades que dependen de la justicia comunitaria”, indicó.
Asimismo aclaró que existe información imprecisa circulando en la opinión pública. “La justicia comunitaria no se detiene ni se cierra. En Arraiján, este servicio continuará funcionando con normalidad”.
Informó que el Ministerio mantiene reuniones con los jueces de paz, luego de que estos fueran retirados sin conservar la custodia de los expedientes en trámite, pese a que días antes se había reiterado que la transición sería ordenada.
Finalmente, la ministra precisó que lo único que concluye con este proceso es la administración municipal de la justicia comunitaria. A partir de enero, esta quedará bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobierno, sin que ello implique la suspensión del servicio. Aunque los cambios administrativos deben ejecutarse el 1 de enero de 2026, aseguró que la ciudadanía no quedará sin atención ni acceso a la justicia.
