Proyecto reabre debate sobre examen de barra
La Corte Suprema de Justicia solo otorgará certificado de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogados a quienes aprueben el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía
El diputado Ernesto Cedeño presentó un anteproyecto de ley que busca eliminar el examen de barra para optar por la idoneidad de abogado, luego que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la ley que lo exige.
De acuerdo a Cedeño “los problemas de educación que tienen los estudiantes de derecho, no son ellos sino las universidades, definitivamente también hay personas que ese tipo de temas no deberían afectar a estudiantes que de hecho entraron con el convencimiento de que se iban a graduar por tesis o por las especificaciones administrativas que existían”.
Según el catedrático Miguel Antonio Bernal la Ley 350 otorga a la Corte Suprema de Justicia funciones que no le corresponden, “invadiendo competencias educativas propias del Órgano Ejecutivo y de las universidades, con la aplicación de un examen de barra”.
El vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) Roosevelt Cabrera señaló que “ya en el pasado cercano, nuestra Facultad de Derecho adoptaba la convicción en un examen de conocimientos previo a la transición de los estudiantes de derecho a profesionales abogados”.
Cabrera añadió que “como firmes defensores de este examen, también creemos que su proceso debe ser sometido a una mejora continua. En este sentido, proponemos que una comisión de catedráticos de diversas universidades participe activamente en su evaluación. Esta comisión no solo debería estar involucrada en la elaboración de las pruebas, sino también en el análisis de los resultados”.
Ismael Valdés, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UP, señaló: “Estamos en contra de la Ley 350, que fue aprobada a tambor batiente en la pasada administración de la Asamblea Nacional. Este proyecto viola nuestra Constitución e incluso la autonomía de la UP, que es el único ente rector para fiscalizar a las otras universidades en diversas carreras”.
“Era una necesidad y se cumplió con la última ley de la abogacía. El tema no es la cantidad de abogados, es la calidad de la exigencia académica de la educación universitaria. Han rebajado los años de estudio, eliminaron la tesis de graduación y más”.
“El solo apelativo de “examen de barra” debería causar nuestro rechazo, puesto que eso no es español y es una traducción errada del ‘bar examination’ de los países anglosajones, la Corte Suprema de Justicia no es una unidad académica”.
