Se agudiza el conflicto en San Miguelito por recorte a las juntas comunales
La alcaldía de San Miguelito también ha planteado el desembolso bajo criterios de proporcionalidad según población, superficie e índice de pobreza multidimensional, con el fin de subsanar las necesidades de cada corregimiento
El conflicto entre la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, y el Consejo Municipal se intensificó tras la promulgación del decreto que limita a B/.8,000 mensuales las transferencias destinadas a las juntas comunales hasta fin de año, reduciendo la partida habitual fijada en B/.28,000.
La decisión fue rechazada por el representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, quien afirmó que el decreto se emitió sin el consenso del pleno edil, contraviniendo la Constitución y la opinión C-SAM-78-26 de la Procuraduría de la Administración, fechada el 4 de septiembre, la cual avala la contención presupuestaria como “un mecanismo preventivo y temporal únicamente bajo criterios objetivos y sin alterar la estructura del presupuesto”.
Cheribin recordó que desde hace tres meses las juntas comunales no reciben sus asignaciones completas y que previamente se promulgó el Decreto 10 y su modificación mediante el Decreto 11, instrumentos que reconocían el error de someter a contención a los gobiernos locales.
A su vez, denunció que la Alcaldía busca restringir la gestión de los representantes en sus comunidades por pugnas políticas de cara a la discusión del presupuesto 2027, por lo que anunció que acudirán ante la Procuraduría de la Administración y a la Corte Suprema de Justicia, de ser necesario.
Por su parte, la Alcaldía aclaró que la disposición no cancela, disminuye ni reasigna las partidas contempladas en los artículos 57 al 65 del Acuerdo N.° 80, sino que constituye una restricción temporal de ejecución mensual fiscalizada por la Tesorería y la Dirección de Planificación y Presupuesto.
En declaraciones anteriores, la alcaldesa Hernández advirtió que de no aplicarse estos ajustes, las arcas municipales quedarían sin liquidez en octubre, atribuyendo la crisis a un pasivo de B/.14 millones heredado de administraciones anteriores y al bajo rendimiento de la moratoria aprobada en junio para recuperar la cartera morosa.
En paralelo a esta decisión, la Contraloría General de la República, mediante la Resolución 2199-DNFG del 19 de agosto, fijó en B/.25,000 el tope de refrendo para los fiscalizadores de este municipio, factor que añade un nuevo elemento de tensión a la gestión financiera local.
Se espera que mañana se debata esta decisión durante la reunión semanal del consejo Municipal.
