Telefónicas y eléctricas compensarían a clientes por las fallas en sus servicios
El proyecto 370 fue discutido en diversas mesas de trabajo en la Asamblea Nacional y pasó a segundo debate ayer. Tanto usuarios como prestadores de servicios han mostrado sus razones para apoyar u oponerse a la nueva norma
Las empresas que prestan servicio de internet y electricidad tendrían que resarcir a sus clientes por el tiempo que no presten el servicio.
Un proyecto de ley impulsado por el diputado Miguel Ángel Campos busca establecer compensaciones automáticas a los consumidores ante fallas en servicios públicos como internet y electricidad.
El artículo 1 de la propuesta establecería que, en caso de “interrupciones o intermitencias relevantes en el acceso a internet”, se deberá realizar una refacturación proporcional. Además, cuando el servicio público supere los umbrales de continuidad permitidos, deberá aplicarse “una compensación automática en la factura, previa verificación sumaria”.
Campos defendió la iniciativa señalando que “pagas por un servicio, pero no recibes lo que contrataste y por años nadie te ha compensado por ello. Eso cambia con esta ley”. Añadió que las compañías estarán obligadas a publicar “todas sus fallas y las compensaciones efectuadas”, como un mecanismo de transparencia real.
El diputado también explicó que los consumidores tendrán plazos definidos para reclamar: “10 días en internet y 15 días en electricidad. Si no te responden, la ley falla a tu favor”. Recalcó que “ya no se permitirá cobrar por completo un servicio incompleto” ni “dejar al consumidor desprotegido”.
Desde el sector empresarial, Ilsia Lorena Cabal, directora de Regulación de Tigo Panamá, advirtió que “se está hablando de modificar la Ley 31, que es la ley sectorial de comunicación que data del año 1996”.
Asimismo, expresó que “los planteamientos que la industria hizo en la mesa no han sido acogidos”. En tanto, Ariana Coba, vicepresidenta de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, sostuvo que “por respeto a la población, nosotros no podemos seguir dilatando este tipo de proyectos porque es la responsabilidad de nosotros legislar con base en las necesidades de la población. En otros países con sistemas legales no más robustos que el de Panamá nos encontramos una continuidad del servicio de extremo a extremo”.
