UP marcha hacia la CSJ para exigir el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406
Docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Panamá marchan este miércoles, 22 de noviembre, hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir el fallo de inconstitucionalidad de la ley 406.
Eduardo Flores, rector de esta casa de estudios anunció que entregará junto a la comunidad universitaria un documento donde se exponen los argumentos de inconstitucional del contrato minero y exigen un pronunciamiento oportuno del Órgano Judicial.
En el escrito se argumenta que “el procedimiento legislativo seguido para la aprobación de este contrato-ley infringe la normativa constitucional de nuestro sistema jurídico toda vez que, en este tipo de contrato, una vez remitido a la Asamblea por parte del Órgano Ejecutivo, debe ser únicamente aprobado o rechazado mediante ley, pero no existe facultad para devolverlo a efecto de que se realicen modificaciones a su contenido como aconteció, según lo establece el artículo 159, numeral 15, de la Constitución Política”.
También, se señala que “el contrato, contenido en la Ley 406, viola las normas constitucionales sobre el régimen ecológico que obligan al Estado a garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación (Artículo 118 constitucional)”.
“Además, este contrato-ley viola el artículo u del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. (Protocolo de San Salvador), aprobado por la Ley 21 de 22 de octubre de 1992, que es parte del Bloque de Constitucionalidad, conforme a fallo de 27 de noviembre de 2014, del Pleno la Corte Suprema de Justicia, porque atenta contra el derecho humano de los panameños de vivir en un ambiente sano e implica el abandono del Estado panameño de la protección, la preservación y el mejoramiento de ese medio ambiente”, agrega el documento.
Por último, la Universidad de Panamá reiteró su llamado a esa máxima corporación de la Administración de Justicia, “para que se pronuncie de manera oportuna y en derecho, pero también de conformidad con los argumentos trazados por la gran mayoría del pueblo panameño a favor de la inconstitucionalidad e inconveniencia de referido contrato minero”.
