Almacenar energía: la lección latinoamericana que Panamá debe aprovecharse actualmente
La seguridad energética no consiste solo en producir electricidad, sino en disponer de ella cuando más se necesita. Los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) permiten guardar electricidad y entregarla después, estabilizar la red y aprovechar mejor la generación solar y eólica. Panamá debe darles un lugar central en su planificación eléctrica.
El clima refuerza esa urgencia. El 11 de septiembre, en un encuentro divulgado por la Autoridad del Canal, especialistas del Smithsonian y del IMHPA alertaron sobre un El Niño potencialmente muy fuerte, con efectos sobre el agua, la agricultura y la generación eléctrica.
Las baterías no producen energía ni sustituyen meses de lluvia. Su fortaleza está en trasladar electricidad entre horas, responder con rapidez a variaciones del sistema y complementar otras fuentes. No resuelven la sequía, pero mitigan sus consecuencias eléctricas.
América Latina ofrece experiencias que Panamá debe mirar.
Honduras contrató en 2025 el sistema de almacenamiento de la subestación Amarateca por 50 millones de dólares: 75 megavatios y 300 megavatios-hora, equivalentes a cuatro horas de descarga a plena potencia. Es una referencia centroamericana de contratación pública a gran escala.
Argentina recurrió a licitaciones específicas: en julio de 2026 adjudicó, mediante el programa Alma SADI, 20 proyectos por 700,5 megavatios y unos 700 millones de dólares.
Brasil combina contratación eléctrica y desarrollo industrial. Programó para diciembre de 2026 dos subastas de almacenamiento con contratos de 15 años, descarga mínima de cuatro horas y remuneración por disponibilidad de potencia. Además, en Camaçari, Bahía, se anunció una fábrica de sistemas BESS de 1,5 gigavatios-hora anuales.
Guatemala incorpora soluciones híbridas: Ecoener obtuvo dos proyectos solares, Cocales y La Hulera, con baterías de 20 y 10 megavatios. Chile, con su Ley 21.505 de 2022, permitió que sistemas de almacenamiento independientes participen en el mercado y reciban ingresos por energía y potencia. Esa claridad jurídica es una lección clave.
Panamá no parte de cero. En 2024, la ASEP aprobó, mediante la Resolución AN 19248, un procedimiento para incorporar baterías al Sistema Principal de Transmisión. El debate no es si existe regulación, sino cómo construir un marco completo que facilite inversiones y remunere sus servicios, como recomienda la Agencia Internacional de Energía.
Propongo una agenda de seguridad jurídica, procedimientos de conexión previsibles, financiamiento competitivo e incentivos fiscales condicionados a desempeño verificable y beneficios para los usuarios. No se trata de privilegiar una tecnología, sino de evitar que una inversión útil naufrague por incertidumbre regulatoria.
Las dos licitaciones de potencia y energía anunciadas para 2027, con participación relevante del almacenamiento, son una oportunidad. La Secretaría Nacional de Energía definirá capacidades y tecnologías elegibles antes de finalizar 2026. Esos procesos deberían permitir competir a proyectos independientes e híbridos, y evaluar no solo el precio, sino las horas de respaldo, la eficiencia, la disponibilidad, la degradación y los costos de operación, con garantías de cumplimiento, prevención de incendios y gestión ambiental.
Panamá no necesita esperar una crisis. Frente a El Niño, la decisión responsable es anticiparse: generar mejor, aprovechar mejor la energía disponible y almacenar una parte para cuando haga falta.
