Cuando la evidencia avanza: justicia ambiental, desarrollo y decisiones responsables
En América Latina estamos acostumbrados a debates intensos cuando se trata de recursos naturales. Con frecuencia, estos se plantean en términos absolutos: ambiente o desarrollo, inversión o comunidad. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que los países que logran avanzar son aquellos que consiguen algo más complejo: integrar evidencia, institucionalidad y sentido de justicia en la toma de decisiones. Panamá hoy ofrece un caso particularmente interesante en esa dirección. La publicación del quinto informe de la auditoría internacional integral del proyecto Mina Cobre Panamá —con un avance cercano al 90%— no solo da cuenta de un proceso técnico en curso, sino también de un esfuerzo institucional por evaluar con rigor, sin atajos y con base en información verificable. En una región donde muchas veces estos debates se contaminan rápidamente de posiciones irreconciliables, ese solo hecho ya es significativo. Pero la evidencia no es neutra en sus implicaciones. Uno de los aspectos más relevantes que se desprenden del informe es la advertencia sobre el riesgo creciente asociado a la permanencia prolongada de materiales expuestos sin manejo técnico adecuado. Se trata de un fenómeno ampliamente documentado en la literatura ecológica: la interacción sostenida con factores climáticos puede incrementar el potencial de generación de drenajes, con efectos ambientales que no pueden subestimarse. Aquí es donde la conversación pública necesita dar un paso adelante. Si el riesgo existe —y la auditoría lo confirma— la discusión no puede limitarse a si se actúa o no, sino a cómo actuar de la manera más responsable posible. En distintos países de la región, la lección ha sido clara: la inacción, lejos de ser una solución automática, puede convertirse en un factor de agravamiento ambiental, y en contextos como este, no decidir también es una forma de decidir. Desde esa perspectiva, el manejo técnico del material, incluido su procesamiento controlado, adquiere una dimensión distinta; no es sólo una consideración operativa, sino también una medida de gestión ambiental orientada a reducir riesgos acumulativos. Este cambio de enfoque es fundamental para entender el momento actual: proteger el ambiente no siempre significa detener toda intervención, sino aplicar las soluciones que la propia evidencia identifica como mejor. Es en este punto donde el concepto de justicia ambiental cobra especial relevancia. No basta con proteger el entorno en abstracto; es necesario hacerlo de manera que los riesgos no se trasladen ni se acumulen sobre territorios y comunidades específicas. Pero tampoco puede ignorarse la otra cara de esa misma justicia: la necesidad de generar oportunidades, empleo y condiciones de bienestar en esas mismas regiones. Panamá enfrenta hoy presiones reales en materia de desempleo e informalidad. En provincias directamente vinculadas a la actividad productiva, los cambios en el dinamismo económico tienen efectos inmediatos sobre las familias, especialmente en jóvenes y mujeres.
En ese contexto, las decisiones que se adopten no son neutras: inciden tanto en la gestión ambiental como en la estabilidad social. La experiencia internacional sugiere que el desarrollo sostenible —cuando se aborda con seriedad— no es la negación de la actividad económica, sino su transformación bajo estándares más exigentes. Es posible, y necesario, construir esquemas donde la gestión ambiental rigurosa conviva con la generación de empleo formal y el fortalecimiento de economías locales. No es un equilibrio sencillo, pero sí alcanzable cuando existe una base técnica sólida. Como observador extranjero, resulta particularmente llamativo que Panamá esté conduciendo esta discusión apoyándose en auditorías independientes, acumulativas y cada vez más concluyentes. Ese 88% de avance no es solo una cifra: es indicativo de un proceso que se aproxima a definiciones, y que por lo mismo exige decisiones a la altura de la evidencia disponible. Al final, lo que está en juego trasciende un proyecto específico. Se trata de la capacidad de un País para demostrar que puede armonizar, como lo he sostenido en estas mismas tribunas, justicia ambiental, desarrollo sostenible e institucionalidad, incluso en escenarios complejos. Claramente la evidencia ya ha avanzado de manera significativa. La pregunta que queda es si, ¿las decisiones avanzarán al mismo ritmo?, porque cuando la certidumbre es importante y acumulativa la responsabilidad pública es estudiarla y actuar en consecuencia. * El autor es exMagistrado, exProcurador, exPresidente del Colegio de Abogados de Colombia, consultor y docente.
