EDITORIAL : La aplicación de la ley
Los acontecimientos ocurridos en Bocas del Toro, en particular en el distrito de Changuinola, llevaron al gobierno nacional a suspender las garantías constitucionales, el servicio de telefonía móvil y el internet.
Igualmente, pusieron a las fuerzas de seguridad a realizar los operativos que fueran necesarios para recuperar la tranquilidad de una provincia que necesita serenidad para poder enfrentar la crisis planteada por el despido de miles de trabajadores en la operación bananera.
Todos los que sean identificados, y se logren la pruebas, como cabecillas, instigadores, financiadores o participantes directos deben enfrentar las consecuencias, ante la ley, por los actos criminales cometidos.
Esa violencia indiscriminada y destrucción ejecutada no tienen nada que ver con reclamos sociales o reivindicativos.
