EDITORIAL : Rechazar la confrontación

Es un derecho de una sociedad democrática, permitir y respetar todas la expresiones y protestas. Pero también es justificado que les exija a los grupos organizados que respeten a quienes no los respaldan o no apoyan la violencia, el cierre de calles o el discurso radical.
Ante el llamado a una huelga, los involucrados o los convocantes tienen la responsabilidad de cumplir con la Constitución y la Ley, sin impedir el libre tránsito o coaccionar a quienes no quieren involucrarse en un ningún movimiento, tal como ha ocurrido en protestas anteriores. Tampoco se debe impedir que el resto de la población se dirija a sus trabajos, afectar el transporte público o cerrar calles, avenidas o autopistas a nivel nacional. El diálogo siempre debería ser el vehículo para atender las diferencias, por más difíciles que parezcan.