El costo de oportunidad: Parte I
Cuando se propone un proyecto en Chiriquí, normalmente preguntamos cuánto cuesta realizarlo, qué beneficios producirá y cuáles serán sus impactos ambientales y sociales. Son preguntas necesarias. Pero falta otra: ¿cuánto cuesta no hacerlo?
La teoría del costo de oportunidad nos recuerda que toda decisión implica renunciar a una alternativa. Si un proyecto viable no se ejecuta o se posterga, también debemos contabilizar los empleos que no se crean, salarios que no circulan, proveedores que no reciben contratos, consumo que no ocurre e ingresos que el Estado deja de percibir.
La misma lógica debe aplicarse cuando una actividad productiva existente es prohibida, restringida o disminuida. Puede haber razones ambientales o sociales plenamente justificadas para hacerlo, pero la decisión no tiene costo cero. Puede afectar empleos, familias, producción, pequeños negocios y comunidades vinculadas a esa actividad.
Esto no significa que todos los proyectos deban aprobarse ni que toda actividad económica deba mantenerse. Significa que las decisiones públicas necesitan observar la totalidad de sus consecuencias.
El costo que evitamos en un punto puede aparecer después en otro.
Por eso, además de preguntarnos cuánto cuesta hacer, debemos comenzar a preguntar: ¿cuánto cuesta no hacer?, ¿cuánto cuesta restringir?, ¿quién absorbe finalmente ese costo?
La respuesta nos lleva a un segundo problema: cuando las oportunidades desaparecen, las personas se mueven.
***El autor es representante Legal de Asociación para la gestión y manejo Ambiental***
