La auditoría minera, empleo, seguridad jurídica: ordenar el debate desde la técnica
En medio de la discusión sobre la actividad minera, es importante partir de una premisa básica: una auditoría no es un instrumento para generar conflicto; es un mecanismo para verificar y ordenar.
Confundir una auditoría con una acción de confrontación distorsiona el debate. El Estado no audita para crear crisis; audita para confirmar si los procesos se están desarrollando conforme a derecho. Y cuando ese proceso concluye con resultados claros, ignorarlos o reinterpretarlos con fines políticos no fortalece la institucionalidad. La debilita.
Un contexto heredado que exige responsabilidad
También es importante no perder de vista el contexto. Este gobierno no creó este escenario; lo heredó. Y gobernar implica precisamente eso: enfrentar situaciones complejas que vienen de atrás y darles una salida institucional.
Eso obliga a actuar con responsabilidad, no con improvisación. Resolver no es reaccionar; es ordenar. Y ordenar requiere, ante todo, información verificada.
La auditoría como herramienta de certeza
He sido consistente en señalar que Panamá necesita decisiones basadas en evidencia, no en presión. La auditoría cumple esa función: introduce datos objetivos en medio de la incertidumbre.
En este caso, la auditoría de cumplimiento del plan de gestión vigente reportó un resultado sin hallazgos que comprometan la legalidad ni la ejecución de las operaciones evaluadas. Eso no cierra todos los debates, pero sí establece un punto de partida técnico que no puede ignorarse: el sistema de preservación está funcionando conforme a lo acordado. Paralelamente, la auditoría integral en curso —que abarca más de 370 compromisos ambientales, además de aspectos legales, laborales y tributarios— está en etapa de análisis, y su informe final determinará con precisión dónde hay cumplimiento y dónde no. Eso es exactamente lo que debe hacer una auditoría seria.
Cuando los resultados parciales no arrojan observaciones relevantes, lo que está diciendo el proceso es que el sistema, en ese punto, está funcionando.
El Estado y sus compromisos
El Estado no puede actuar de manera errática frente a compromisos que ya ha asumido. Panamá tiene hoy procesos arbitrales internacionales activos cuyo desenlace dependerá, en parte, de la coherencia con que el Estado actúe en los próximos meses.
La seguridad jurídica no es un concepto reservado para abogados o inversionistas. Es la base sobre la que un país construye credibilidad. Prolongar indefiniciones o abrir conflictos donde no existen fundamentos técnicos solo genera incertidumbre. Y la incertidumbre, en temas productivos, siempre tiene un costo.
El empleo no es un concepto abstracto
La actividad minera en cuestión sostenía, en plena operación, más de 7,000 empleos directos y cerca de 30,000 indirectos, con una fuerza laboral compuesta en más de un 90% por panameños, muchos de ellos provenientes de las comunidades más cercanas al proyecto. El cierre redujo esa planilla activa a una fracción mínima.
Cualquier decisión que afecte la continuidad de las operaciones debe estar respaldada por criterios técnicos claros, no por percepciones. Una auditoría sin hallazgos negativos en los puntos evaluados permite sostener un argumento sólido a favor de la continuidad operativa y, con ello, de la recuperación de esos empleos.
El manejo del material extraído
Otro punto que debe abordarse con responsabilidad es el tratamiento del material ya extraído. Este no puede quedar sujeto a decisiones improvisadas; tiene un proceso técnico definido, y detenerlo sin base legal ni técnica no solo genera pérdidas económicas, sino que puede derivar en pasivos ambientales adicionales que nadie quiere asumir.
Si la auditoría no identifica irregularidades en ese ciclo, lo correcto es permitir la continuidad del proceso. Detenerlo sin fundamento no es cautela; es incoherencia institucional.
Ordenar el debate desde la técnica
Panamá necesita soluciones, no enfrentamientos. Y eso implica algo muy concreto: ordenar el debate desde la técnica, sin desatender las preocupaciones legítimas que la ciudadanía tiene sobre el impacto ambiental y social de esta actividad. Esas preocupaciones son válidas y merecen respuestas serias, no descalificaciones.
Las auditorías existen para eso: para separar hechos de percepciones, para dar claridad donde hay incertidumbre, para permitir decisiones responsables.
Conclusión
La auditoría no es un conflicto. Es una herramienta de verificación. Y en este caso se inserta, además, en un contexto heredado que exige responsabilidad institucional, no reacción.
El país tiene hoy una oportunidad: tomar decisiones basadas en evidencia, cumplir sus compromisos y cerrar un ciclo de incertidumbre que ya tiene costos concretos en empleos, en inversión y en credibilidad. Eso no significa ignorar las voces que piden cautela. Significa escucharlas con la misma seriedad con que se analizan los datos técnicos.
Porque al final, lo que está en juego no es solo una actividad económica. Es la forma en que Panamá decide gobernarse.
*Abogado internacional.
